Panamá acaba de recibir una de las advertencias más severas de su historia contemporánea. No provino de los mercados internacionales, de las turbulencias políticas ni de las incertidumbres económicas que suelen ocupar nuestras preocupaciones cotidianas. Surgió de las profundidades de la tierra, donde fuerzas acumuladas durante siglos encontraron, en cuestión de segundos, la manera de recordarnos la fragilidad de nuestras certezas.

El viernes 9 de octubre de 2026, a las 12:56 de la tarde, un terremoto de magnitud 7,7, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), estremeció el territorio nacional. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá lo situó en 7,5. Durante aproximadamente cuarenta segundos, una sacudida realmente violenta, acompañada de prolongadas oscilaciones y percibida en la capital, alteró la tranquilidad del país. Fue uno de los acontecimientos sísmicos más poderosos registrados instrumentalmente en nuestro territorio.

Cuarenta segundos bastaron para poner a prueba décadas de desarrollo urbano, inversiones multimillonarias y una confianza colectiva construida sobre la idea, equivocada, de que semejantes acontecimientos difícilmente podrían ocurrirnos.

Las imágenes de edificios oscilantes, calles congestionadas y ciudadanos despavoridos buscando protección dieron la vuelta al mundo. Los medios internacionales siguieron con atención las consecuencias de un fenómeno cuya intensidad hacía temer una tragedia de grandes proporciones. Sin embargo, lo que terminó despertando especial interés fue aquello que no ocurrió: hasta el momento de los primeros balances, Panamá no registraba víctimas mortales.

Conviene examinar esta circunstancia con serenidad. La ausencia de fallecidos constituye una noticia extraordinaria, pero no demuestra, por sí sola, que estuviéramos suficientemente preparados. La ubicación del epicentro, la distribución de la población, las características de las construcciones y la infinita misericordia de Dios influyen decisivamente en las consecuencias de un terremoto. La magnitud expresa la energía liberada; la dimensión de una tragedia depende también de la exposición y la vulnerabilidad humanas.

Confundir un desenlace favorable con una garantía de seguridad sería una peligrosa complacencia.

Nuestra moderna infraestructura merece, entretanto, una consideración particular. La ciudad de Panamá, cuyo horizonte de rascacielos simboliza nuestro progreso, soportó una exigente prueba de resistencia. La ausencia de colapsos generalizados ofrece razones para reconocer el trabajo de generaciones de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción.

El Metro de Panamá, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y las instalaciones del Canal constituyen referentes de esa prueba colectiva. Las medidas preventivas, las inspecciones técnicas y la continuidad o recuperación de operaciones en infraestructuras estratégicas ponen de relieve la importancia de contar con procedimientos de seguridad. No obstante, sería prematuro interpretar los primeros resultados como una certificación definitiva de invulnerabilidad. Las evaluaciones estructurales posteriores siguen siendo indispensables.

Hay, sin embargo, una paradoja que merece nuestra atención: hemos aprendido a levantar edificios capaces de soportar movimientos telúricos importantes, pero todavía no hemos conseguido que todos sus ocupantes sepan cómo comportarse cuando comienzan a estremecerse.

Nuestra ingeniería parece haber avanzado más rápidamente que nuestra cultura de prevención.

En oficinas, centros comerciales, escuelas y edificios residenciales, numerosas personas reaccionaron guiadas por el instinto, sin instrucciones claras y, en muchos casos, sin saber dónde protegerse o cuándo evacuar. No se trata de censurar el miedo, una respuesta humana comprensible ante una amenaza inesperada. Lo preocupante es que, como sociedad, todavía dependamos demasiado de la improvisación.

La prevención sísmica no puede considerarse una actividad complementaria de los organismos de socorro. Debe incorporarse a la educación, la administración pública y la planificación urbana. Cada escuela necesita procedimientos conocidos y ejercicios periódicos; cada edificio residencial, rutas y puntos de encuentro identificados; cada institución pública, responsables capacitados para orientar a sus ocupantes.

También necesitamos un programa progresivo de evaluación de la vulnerabilidad sísmica, especialmente en hospitales, centros educativos, instalaciones esenciales y edificaciones antiguas. La seguridad no depende únicamente de las normas aplicadas a las nuevas construcciones: exige conocer las debilidades de nuestro patrimonio edificado y corregirlas de manera prioritaria.

La resiliencia de una nación, además, no se mide exclusivamente por la resistencia de sus edificios. Depende de su capacidad para garantizar agua potable, electricidad, atención médica, transporte y comunicaciones cuando los sistemas ordinarios dejan de funcionar. Una ciudad puede conservar sus estructuras en pie y, aun así, experimentar una severa parálisis de sus servicios fundamentales.

En medio de estas circunstancias, corresponde reconocer la respuesta del Gobierno nacional. La activación de los mecanismos de coordinación, las acciones emprendidas desde la sala de crisis y la movilización de las instituciones responsables de atender a las poblaciones afectadas fueron necesarias. La declaratoria del estado de emergencia constituyó, asimismo, una herramienta para afrontar las consecuencias del desastre.

Ese reconocimiento no excluye la evaluación crítica. La transparencia informativa, la eficacia de las inspecciones y la atención efectiva de los damnificados serán determinantes para valorar los resultados. El desafío que ahora enfrenta el Gobierno va más allá de reparar daños: consiste en convertir esta experiencia en una política de Estado.

Una sala de crisis demuestra su utilidad durante la adversidad; una política de prevención demuestra su valor cuando consigue reducir las consecuencias de la siguiente emergencia.

Merece especial reconocimiento el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. La labor de sus especialistas y la divulgación de información científica durante las réplicas pusieron de relieve la importancia de contar con instituciones capaces de interpretar el fenómeno y orientar a la ciudadanía. La ciencia necesita recursos, respaldo institucional y participación permanente en las decisiones públicas, no solamente atención cuando la tierra tiembla.

La prevención, por otra parte, debe alcanzar a los municipios, las comunidades apartadas y los barrios con mayores dificultades para acceder a los servicios de emergencia. Un protocolo desconocido por las personas a quienes pretende proteger termina siendo apenas un documento administrativo.

Mientras escribo estas líneas, muchas familias continúan inquietas por las réplicas. Otras afrontan una realidad más dolorosa: viviendas deterioradas, pérdidas materiales y la incertidumbre de no saber cuándo podrán recuperar su vida cotidiana. Para ellas, el terremoto no será una estadística, sino una fractura en su historia familiar que exige solidaridad y acompañamiento efectivo.

Tenemos razones para agradecer las vidas preservadas y sentir legítimo orgullo por las obras de ingeniería que respondieron favorablemente. Pero el alivio no debe impedirnos reconocer nuestras deficiencias. Sería lamentable que, cuando disminuyan las réplicas y las noticias abandonen las primeras páginas, regresemos a la indiferencia que suele acompañar nuestra relación con los riesgos naturales.

El terremoto del 9 de octubre debe convertirse en un punto de inflexión. Que de esta experiencia surjan protocolos verificables, educación preventiva sostenida, evaluaciones estructurales rigurosas y una coordinación institucional que llegue hasta la comunidad más apartada.

Ahora nos corresponde demostrar que también somos capaces de preparar a nuestra sociedad para sobrevivir, porque ya conocemos nuestra vulnerabilidad geológica y sabemos que un evento similar o de mayor magnitud puede repetirse en cualquier momento.

El autor es escritor, ensayista y gestor cultural.