Panamá fue el gran ausente de PISA 2025. El informe incluye el desempeño de 760,000 estudiantes de 91 países y economías, trece de ellos latinoamericanos. Mientras otros países debaten sus resultados y ajustan sus políticas educativas, Panamá no tiene datos propios que discutir.
Hubo un descalabro en los resultados de matemáticas y lectura, los peores desde que inició la prueba. A nivel mundial, el 20% de los jóvenes de 15 años tiene un rendimiento bajo, frente al 16% de 2022. También se vincula el uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes con puntajes menores, salvo cuando recibieron instrucción para evaluar y corregir lo que la IA produce.
Panamá obtuvo 371 puntos en lectura y 376 en ciencias en 2009; en 2022 alcanzó 392 y 388, respectivamente, todavía por debajo del promedio de la OCDE, pero con una tendencia al alza. Esa serie se interrumpió antes de completarse.
No es la primera vez. Panamá debutó en 2009 en la posición 62 de 65. La reacción fue suspender la participación en lugar de corregir. La exministra Lucy Molinar alegó lo mismo quince años después: que los recursos rendían más en capacitación docente. El país no estuvo presente en 2015 ni en 2025, producto de decisiones discrecionales tomadas por la misma persona.
La decisión no respondió al costo. Circularon versiones de montos de entre dos y ocho millones de dólares. El director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, precisó que la participación costaba 199,105 euros, unos 218 mil dólares: hasta cuarenta veces menos que las cifras que se manejaban públicamente en ese momento.
Cuando la ministra planteó que quien quisiera pagar la prueba lo hiciera, organizaciones de la sociedad civil se acercaron a gremios empresariales e instituciones dispuestas a servir de vehículo formal para cubrir el costo. Aunque encontraron organizaciones dispuestas a hacerlo, ninguna terminó participando, muy probablemente por temor a contrariar a la entonces titular de la cartera.
No hizo falta un debate público, un dictamen técnico ni una votación para tomar la decisión. Bastó una firma. La Asamblea Nacional no tenía forma de impedirlo. Las organizaciones de la sociedad civil solo pudieron manifestarse a través de los medios. Con esa firma, la responsable de la cartera de Educación determinó, en nombre de cuatro millones de panameños, que el país no participaría en la medición.
La comparación regional muestra lo que está en juego. Argentina, México y Chile retrocedieron en los resultados de 2025. Ocho de cada diez estudiantes latinoamericanos no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas. Aun así, esos países cuentan con información. Costa Rica identificó un aumento de trece puntos en ciencias. Colombia ubicó las áreas en las que retrocedió en lectura.
PISA no evalúa a la autoridad de turno, sino años acumulados del sistema educativo. Su valor no está en la posición del ranking, sino en los datos que entrega para construir políticas públicas.
Los efectos recaen en una generación concreta. Pedro cumplió quince años en 2025 y asiste a un aula oficial en Palmira, Colón o San Miguelito. No hay registro de si distingue un dato de una opinión ni de qué tan lejos están sus aprendizajes con relación a los de un estudiante de su edad en Montevideo. No habrá manera de saberlo después, porque Pedro no volverá a tener quince años.
Según cifras del Meduca, unos 70 mil jóvenes están en esa misma situación. Se cuestionó que una muestra de 4,300 estudiantes no representaba al país. La muestra puede discutirse. Hoy no hay datos que representen a ninguno.
Panamá participará de nuevo en PISA en 2029. La edición de 2029 incorporará como dominio innovador la alfabetización mediática y en inteligencia artificial, un área en la que el país llegará sin línea base, justo cuando la IA ya forma parte de las aulas en el resto del mundo.
En el intervalo, los docentes seguirán trabajando sin datos propios sobre el desempeño de sus estudiantes. El sector productivo contratará a esta generación sin información sobre las competencias con las que egresa. Blindar, a través de una ley, la participación en mediciones internacionales y el uso de esos datos evitaría que la decisión vuelva a depender de un plumazo.}
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación y asesor del diputado Jorge Bloise.
