Panamá debería acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el Tribunal más importante del mundo, para presentar su demanda con el fin de que se ratifique el respeto irrestricto al Acuerdo Torrijos-Carter firmado en 1973 entre Panamá y Estados Unidos.
De esta forma, Panamá plantearía una posición jurídica acorde con el derecho internacional que va más allá de la opinión personal del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de su manejo político, que va más allá de la posición mesiánica y autoritaria de quien pretende resolver por la fuerza y sin razón, que el Canal de Panamá no es de Panamá sino de los Estados Unidos.
Diego García Sayán, reconocido jurista, exministro de Justicia y canciller del Perú, y expresidente de la Corte Interamericana de Justicia, me ha confiado que de darse esa demanda, Panamá estaría en su pleno derecho, actuando con justicia y contando con el apoyo de la comunidad internacional e incluso con el de amplios sectores en Estados Unidos.
No hace muchos años, el Perú llevó el caso de la delimitación marítima con Chile al arbitraje de la Corte. El alto tribunal fijó la frontera marítima, inexistente hasta entonces, y resolvió el diferendo dándole la razón al Perú. Chile aceptó la resolución y se construyeron, a partir de ese hecho, nuevas y positivas relaciones entre los dos países.
La causa de Panamá es la de América Latina y es legítima, pues simboliza en estos tiempos, ante el concierto de las naciones, la lucha antimperialista por la dignidad y la justicia en nuestro continente.
Debemos recordar, ante las inaceptables pretensiones del Presidente de los Estados Unidos, la figura de dos diplomáticos y juristas latinoamericanos que resolvieron con inteligencia crisis inquietantes; que encontraron las fórmulas para dar paz y estabilidad a las relaciones entre los pueblos, como ocurre con la inaudita pretensión del presidente Trump, que desconoce un tratado y quiere reapropiarse del Canal de Panamá.
Se trata de seguir los caminos que nos señalaron José Luis Bustamante y Rivero, eminente jurisconsulto, político, diplomático, expresidente del Perú y de la Corte Internacional de Justicia a finales de los 60 del siglo pasado, quien fuera el preludio del embajador Javier Pérez de Cuéllar, como Secretario General de las Naciones Unidas entre 1981-1991. Recordarlos nos señala los caminos de la justicia y del derecho, que son los únicos que pueden normar relaciones civilizadas entre los países.
El autor es abogado, exembajador en Panamá, Canadá y Hungría.