Ante la confrontación social que se vive en las calles de nuestro país, donde gremios docentes, sindicatos y sectores populares protestan contra decisiones presidenciales y son reprimidos a mansalva por el histórico aparato represivo de todos los gobiernos, resulta saludable esbozar algunas acotaciones pertinentes al contexto.
Definitivamente, el actual gobierno no está respetando las vías constitucionales. No cree en el diálogo, no confía en la Asamblea Nacional, no acepta críticas. Su epidermis es demasiado sensitiva y rechaza cualquier cuestionamiento, sin rectificar aunque haya evidencia de errores. Es difícil afirmar que vivimos en una democracia; más bien, se percibe una deriva hacia la autocracia o la plutocracia.
Por otro lado, cuando un ciudadano con una visión temeraria y coercitiva de la sociedad asume la presidencia, la convivencia pacífica y el funcionamiento objetivo de los órganos del Estado se ven comprometidos. Al mismo tiempo, aflora la degradación humana como factor determinante en la gestión pública, con personajes inescrupulosos adheridos al poder sin una pizca de decencia ni dignidad.
En ese grupo de personas con cargos importantes (ministros), no hay reparo ni análisis de las órdenes presidenciales, por más descabelladas que sean. Carentes de principios morales, son incapaces de renunciar, y por el contrario, compiten por demostrar quién es más obediente y servil. Estos funcionarios, aunque no lo admitan, se convierten en malos ejemplos para la juventud y para el entendimiento más básico de lo que significa “hacer política” o militar en un partido. Un actor político no debe estar desprovisto de juicio crítico, compromiso social y honradez.
Es evidente, además, una verdad de Perogrullo: en menos de un año de haber asumido la presidencia, el señor José Raúl Mulino no goza de respaldo popular. Y aunque es cierto que ningún líder será “monedita de oro” para agradar a todos, sí resulta vital tener respaldo mayoritario para ejecutar proyectos, impulsar el crecimiento económico y garantizar el bienestar social.
Desde luego, consultar a la ciudadanía, medir los grados de aceptación y percibir la tranquilidad del ciudadano de a pie deben ser tareas constantes. Pero si nuestro presidente “no ve noticias”, “no usa redes sociales”, y “no acepta sugerencias” ni siquiera de sus asesores, entonces se explica, en parte, el rechazo y el clamor en las calles. Así como en medicina la salud preventiva es esencial, en política la paz social se construye con diálogo, consenso y visión, no con represión ni con el atropello de la Constitución.
Nadie desea un Panamá ensangrentado, ni un país estancado económica y socialmente por decisiones erradas del presidente, como reabrir la minería, desconocer fallos de la Corte Suprema, imponer leyes perniciosas que benefician a una minoría, lesionar la soberanía nacional y deteriorar nuestras relaciones con Estados Unidos.
Hoy el pueblo está en las calles, mientras vemos a la ministra de Educación pedir perdón público por el presidente, sabiendo que él nunca lo hará, aparentemente atrapado en un narcisismo que recurre a mecanismos de defensa como la disonancia cognitiva, lo que le impide aceptar que es humano y puede equivocarse. Vemos también al contralor asumir un papel represivo, lanzando amenazas en lugar de aconsejar sensatez al mandatario.
Oremos por Panamá. Que sepamos resolver esta encrucijada sin más muertos, dolor ni heridos en las calles.
El autor es docente.
