Panamá enfrenta hoy uno de los momentos geopolíticos más sensibles desde la reversión del Canal. La decisión adoptada en 2017 de romper relaciones diplomáticas con Taiwán y reconocer a la República Popular China no solo modificó el mapa diplomático del país: abrió un periodo de influencia extranjera directa en el entorno del Canal, tensiones entre grandes potencias y una reconfiguración estratégica que continúa desarrollándose.
Durante décadas, desde 1954, Taiwán fue un socio constante y cercano para Panamá. Su cooperación incluyó asistencia agrícola, becas, inversión logística y proyectos de desarrollo. Con el desconocimiento diplomático, esa relación quedó suspendida, y el espacio fue ocupado de inmediato por China, interesada no solo en comercio e infraestructura, sino también en obtener acceso e influencia sobre la principal plataforma logística del hemisferio.
Tras la ruptura con Taiwán, la presencia china en áreas críticas creció con rapidez. Hutchison Ports, empresa con sede en Hong Kong, opera las terminales de Balboa y Cristóbal, ubicadas en las dos bocas del Canal. Esta presencia le confiere a China un punto de observación y control logístico de alto valor estratégico en el tránsito marítimo global.
Aunque el Canal permanece bajo soberanía panameña, el manejo privado de instalaciones portuarias clave por empresas con conexiones directas al régimen chino genera preocupación entre académicos, analistas y gobiernos de la región. El riesgo no se limita a la operación portuaria, sino también al flujo de información y al manejo estratégico de mercancías que circulan por la principal arteria marítima de las Américas.
En 2025, el intento del fondo estadounidense BlackRock de adquirir una participación mayoritaria en los puertos gestionados por Hutchison pareció, para Washington, una vía para reducir la influencia china en torno al Canal. Sin embargo, el acuerdo detonó una reacción inmediata de Beijing, que presionó para frenar la operación, insistió en la participación de empresas estatales chinas y logró retrasar e incluso bloquear el proceso.
El mensaje fue claro: China considera los puertos en torno al Canal parte de su esfera estratégica y no está dispuesta a ceder terreno. El episodio evidenció hasta qué punto Panamá se encuentra en medio de una competencia directa entre potencias globales.
Estados Unidos ha respondido con seriedad y firmeza. En visitas oficiales realizadas este año, altos funcionarios estadounidenses han expresado públicamente su preocupación por la presencia e influencia china en puertos del continente, incluyendo los panameños. Declaraciones recientes del secretario de Estado Marco Rubio y del secretario de Defensa Pete Hegseth subrayan que Washington no permitirá que China obtenga control operativo o estratégico sobre instalaciones vinculadas al Canal.
Para Estados Unidos, el Canal continúa siendo una infraestructura crítica no solo para el comercio global, sino también para su seguridad nacional. La presión estadounidense busca asegurar que Panamá mantenga independencia real en la gestión logística del Canal y que actores externos no condicionen su operación.
Mientras el Ejecutivo panameño sostiene el reconocimiento exclusivo de China, algunos legisladores han buscado reactivar vínculos con Taiwán mediante visitas y contactos institucionales. Estas iniciativas fueron desautorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, generando un escenario de tensión interna sobre la política exterior del país.
La tensión escaló cuando la embajada de China exigió públicamente que un grupo de diputados cancelara su viaje oficial a Taiwán, acusándolo de violar el principio de “una sola China” y de “afectar la relación bilateral”. La presión diplomática fue tan directa que provocó una reacción inmediata de la Cancillería panameña, que rechazó “de manera categórica” las presiones del gobierno chino, recordando que las decisiones internas del Órgano Legislativo no están sujetas a aprobación de ninguna potencia extranjera.
El episodio —inusual por lo frontal— dejó al descubierto un fenómeno preocupante: China ya no solo opera puertos y amplía su influencia económica, sino que también pretende condicionar la actividad política interna de Panamá. La respuesta firme de la Cancillería marcó un límite necesario, evidenciando que, incluso dentro de una relación asimétrica, Panamá no está dispuesto a tolerar injerencias que comprometan su institucionalidad y su soberanía.
Panamá, como país soberano, tiene derecho a definir su política exterior y sus alianzas estratégicas. Sin embargo, la competencia entre China y Estados Unidos por influencia en torno al Canal coloca al país en una posición delicada. Evitar convertirse en pieza de una disputa ajena será un reto crucial en los próximos años; los panameños deberán elegir con claridad a quién desean como socio y aliado.
Panamá debe reconsiderar alianzas, garantizar transparencia en las concesiones portuarias, fortalecer la institucionalidad canalera y actuar con extrema cautela frente a la potencia asiática. Asimismo, podría ser prudente reactivar espacios de cooperación técnica o económica con Taiwán, aun sin reconocimiento diplomático, como hacen muchos países. La posibilidad de atraer inversión y manufactura taiwanesa puede beneficiar a la región y alinear intereses comunes frente al avance chino.
Panamá debe tomar decisiones que aseguren que el Canal —y su entorno estratégico— continúe bajo dominio soberano y operativo del Estado panameño, sin presiones que comprometan su integridad ni su proyección internacional. La competencia entre China y Estados Unidos no desaparecerá, pero sí puede definirse el papel de Panamá en dicha disputa. El país debe escoger una posición que beneficie al pueblo panameño, a su economía, a su soberanía y a sus alianzas estratégicas.
El desafío para la política pública panameña es claro: garantizar que el país siga siendo un actor, no un escenario; un participante soberano, no un territorio disputado.
La neutralidad ambigua actual puede generar desconfianza de ambas potencias. Los panameños deben estar plenamente informados de cómo opera China en nuestro continente y de los riesgos económicos, políticos y estratégicos de alinearse con un actor que utiliza métodos poco transparentes. Comprender esta realidad permitirá a Panamá convertirse en un jugador relevante en el escenario mundial. Tal vez un reencuentro con los aliados taiwaneses represente una oportunidad para recuperar relevancia, fortalecer la región y alcanzar un desarrollo económico más sólido.
El autor es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
