Vivimos en dos realidades en Panamá. En una, el panameño de a pie se levanta en la madrugada para ganarse el pan con sacrificios diarios y estirar el sueldo hasta llegar a fin de mes; en la otra, un grupo favorecido por la “dedocracia” y las conexiones personales disfruta de privilegios inaccesibles para la mayoría.
Nos vendieron la idea de que era necesario sacrificar sueldos, reducir la planilla estatal y recortar gastos para que el Estado fuera más pequeño, eficiente y funcional, asegurando que esos ajustes traerían un futuro mejor para todos los panameños. Sin embargo, cuando todos nos subimos al mismo barco con la ilusión de avanzar juntos, descubrimos que el barco del pueblo se hunde mientras otros navegan despreocupados en yates a toda velocidad.
En los últimos meses se ha cuestionado con fundamento el régimen de jubilaciones especiales para los comisionados de la Policía Nacional. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia aprobó el “Fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados” mediante el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, publicado el 8 de agosto de 2025 en la Gaceta Oficial 30340-C. Este fondo garantiza a los magistrados el 100 % de su último salario al jubilarse, bajo el argumento de fortalecer su independencia e imparcialidad y mejorar sus condiciones laborales.
Hace unos meses, estos magistrados ya habían recibido un alza salarial de 4,000 dólares mensuales. Mientras tanto, la Caja de Seguro Social establece un tope máximo de 2 500 dólares para las pensiones de la mayoría de los panameños, pero los magistrados podrían percibir hasta 14,000 dólares mensuales como pensión, es decir, la totalidad de su último sueldo.
Esta realidad encaja con la teoría de las élites de Gaetano Mosca, quien sostiene en La clase política que, en toda sociedad avanzada, existe una minoría organizada que monopoliza el poder y legitima sus privilegios mediante normas y costumbres difíciles de cambiar. Mosca explica además que esta clase dominante se sustenta en una “fórmula política” basada en fundamentos morales y legales que perpetúan sus ventajas.
La Constitución Política de Panamá es clara al respecto: el artículo 19 prohíbe fueros, privilegios o discriminaciones por motivos de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas; el artículo 163, numeral 3, impide que la Asamblea Nacional reconozca erogaciones sin respaldo en leyes preexistentes; y el artículo 267 asigna al Órgano Ejecutivo la elaboración del proyecto de presupuesto general y al Legislativo su examen, modificación, rechazo o aprobación. Un acuerdo administrativo de la Corte no equivale a una ley; por tanto, si se desea crear este fondo, debe presentarse un proyecto legislativo y seguir el trámite correspondiente.
John Rawls, en Teoría de la Justicia, introduce el “velo de la ignorancia” como principio para diseñar instituciones equitativas que prioricen a los menos favorecidos y eviten privilegios excesivos. Bajo ese criterio, las jubilaciones especiales para magistrados, al contrastar con las pensiones limitadas de la población mayoritaria, no superarían la prueba de imparcialidad que exige una sociedad justa.
Asimismo, toda persona que acepta un cargo público en una democracia auténtica lo hace de manera libre y voluntaria, con pleno conocimiento previo del salario, emolumentos y demás condiciones asociadas al puesto. Conoce tanto las responsabilidades del cargo como la retribución económica a percibir. Si las condiciones ofrecidas no satisfacen sus expectativas o no le permiten cubrir sus necesidades, debería abstenerse de aceptar el puesto o, en caso de equivocarse, debería renunciar al cargo. Trabajar en una institución pública implica brindar un servicio a la sociedad y orientar los esfuerzos hacia el bienestar general.
Vivimos en un Estado de Derecho, sin monarquía ni nobleza; sin embargo, se percibe la formación de una clase política y una élite social desvinculadas del resto de la población. Es esencial priorizar el diálogo sobre la imposición, y cualquier modificación debe aprobarse a través de los mecanismos institucionales correspondientes. El poder reside en el pueblo, y los funcionarios públicos son responsables de administrar el Estado, no de poseerlo. Cada órgano estatal debe desempeñar sus funciones conforme a lo establecido, siguiendo los procedimientos adecuados y obteniendo las autorizaciones pertinentes.
Es improbable que los magistrados revoquen una decisión que ellos mismos aprobaron, especialmente ante los cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Por ello, corresponde a la Asamblea Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas asumir su responsabilidad y evitar que este asunto prospere en momentos en que el país requiere atención prioritaria en áreas como salud, educación y seguridad. No olvidemos que esto podría generar un efecto dominó, pues otros magistrados de diferentes instituciones y otros funcionarios no pueden recibir remuneraciones inferiores a las de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual obligaría a equiparar sus sueldos.
Si en el futuro los magistrados y jueces requieren modificar o establecer un nuevo régimen de retiro por razones justificadas de necesidad, el procedimiento adecuado será hacerlo mediante una ley formal, debidamente debatida en el Órgano Legislativo y aplicable exclusivamente a quienes accedan al cargo con posterioridad. Además, deberá considerarse la situación del sistema de pensiones existente, que actualmente enfrenta una crisis, y garantizar que cuente con un mecanismo de financiamiento adecuado.
En un país con desigualdades presentes, necesidades apremiantes, gasto público elevado y un alto nivel de endeudamiento, resulta imperativo dirigir los recursos hacia los sectores más necesitados. Si se busca una administración pública orientada por políticas de austeridad, los funcionarios —en especial quienes accedieron al cargo sin concurso público— tienen la responsabilidad de actuar conforme a estos principios.
El autor es abogado, investigador y Doctor en Derecho.
