Hoy miércoles 9 de julio, en Bruselas, se discute algo que para muchos suena lejano y técnico, pero que para Panamá representa mucho más que un simple trámite. Me refiero a la votación en el Parlamento Europeo sobre el acto delegado que determina qué países salen o permanecen en la lista de alto riesgo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) de la Unión Europea.
Pocos, fuera de los círculos técnicos, saben que Panamá ya no está en la lista gris del GAFI. No fue un acto político ni una simple firma en un documento. Salir de esa lista implicó años de esfuerzo, reformas legales profundas, fortalecimiento institucional y, sobre todo, un compromiso real con los estándares internacionales. Fue un proceso exigente que requirió transparencia, voluntad política y trabajo conjunto entre el sector público y el privado. Y lo logramos. El GAFI reconoció nuestros avances y dejó claro que Panamá ha cumplido con sus compromisos internacionales.
Sin embargo, el procedimiento europeo es distinto. La exclusión de países de su lista AML/CFT no se vota individualmente, sino en bloque. Es decir, el Parlamento Europeo recibe un paquete que incluye tanto a los países que deberían salir de la lista como a aquellos que podrían ingresar o mantenerse en ella. Si, por cualquier razón política o técnica, los eurodiputados deciden rechazar ese bloque, Panamá podría permanecer injustamente atrapada en la lista, pese a haber cumplido con todo lo que se le exigía.
Este no es un riesgo hipotético ni exagerado. Otros países incluidos en ese mismo bloque, como Gibraltar o los Emiratos Árabes Unidos, aún enfrentan cuestionamientos técnicos o dudas sobre la efectividad de sus sistemas de prevención. No es el caso de Panamá, que ya superó las evaluaciones más rigurosas. Sin embargo, nuestro destino queda atado a la suerte de ese paquete legislativo, sin posibilidad de que se evalúe nuestro caso de forma independiente.
Y eso es profundamente injusto. Porque cada país tiene su propia realidad y merece ser juzgado por sus propios méritos. No es lógico ni ético aplicar un mismo rasero a jurisdicciones con trayectorias tan distintas. Mantener a Panamá en esa lista solo porque no se permite una votación individual no refleja nuestra situación real y genera consecuencias graves: daña la reputación del país, encarece las transacciones financieras, complica las relaciones comerciales y desincentiva la inversión extranjera.
Además, sería un mensaje devastador para el sistema internacional de cumplimiento: que un país puede hacer todo lo que se le pide, cumplir las reglas, invertir en reformas costosas… y, aun así, quedar marcado en listas negras por cuestiones meramente procedimentales. Eso desincentiva a otras naciones a emprender procesos de reforma si, al final del camino, cumplir no garantiza reconocimiento.
Esto no se trata de pedir un trato especial para Panamá. Se trata de exigir justicia y coherencia. Europa tiene todo el derecho de proteger su sistema financiero y evitar que sea usado para delitos financieros internacionales. Nadie discute eso. Pero precisamente por ese compromiso con la legalidad y la transparencia, es fundamental que se distinga entre países que han hecho avances y aquellos que siguen rezagados.
Panamá ha demostrado voluntad política, avances técnicos y resultados medibles. No pedimos indulgencias. Pedimos ser evaluados con objetividad y justicia. Que se reconozca que salimos de la lista gris del GAFI por méritos propios y que nuestra realidad ya no es la de años atrás.
Sea cual sea el resultado de la votación en el Parlamento Europeo, Panamá debe seguir defendiendo su verdad. Tenemos que consolidar los avances logrados, mantener el compromiso con la transparencia y seguir comunicando de forma clara nuestros progresos ante la comunidad internacional. No es un tema diplomático abstracto. Es algo que impacta la economía, el empleo, la inversión y el futuro del país.
Panamá ha hecho su tarea y ha cumplido los compromisos. Ahora le corresponde a Europa demostrar que su sistema no solo exige estándares altos, sino que también sabe ser justo con quienes los cumplen.
El autor es Country Managing Partner – EY.
