¿Cuál es el poder de seducción que ejercen los mineros sobre los panameños para que, a pesar de lo mal que nos va con esa actividad, hoy un sector del país pida al gobierno que se apure a firmar “un acuerdo justo”, dentro del marco de una potencial inconstitucionalidad?
En el año 2019, a solicitud del gobierno panameño, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrató al Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés) para evaluar la preparación y la capacidad de Panamá en implementar el Marco de Políticas Mineras del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
El citado estudio se realizó entre los meses de diciembre de 2019 y abril de 2020. El mismo ha tenido casi nula divulgación y–como se esperaba- no ha sido una herramienta utilizada por los abanderados de la minería en Panamá, tal vez precisamente por los resultados que arroja.
Identifica las fortalezas y debilidades del país, donde entre las primeras señala que: “Existe una conciencia de que la minería debe respetar el medio ambiente. Entre otros, el Gobierno panameño comprende la importancia de la biodiversidad en su país y esto se refleja en las exigencias de los instrumentos de gestión ambiental: estudios de impacto ambiental (EIA) y las auditorías ambientales”.
• La legislación contiene provisiones para que la minería contribuya con beneficios socioeconómicos como promoción del empleo de ciudadanos panameños para las operaciones y adiestramientos de este personal.
• La distribución de los beneficios financieros tiene fines específicos en la ley para el desarrollo de las comunidades aledañas al proyecto.
• Los pueblos indígenas pueden decidir si aceptan o no los proyectos mineros en sus territorios, ya que la legislación panameña, fundamentada por la Constitución los faculta como gobiernos autónomos, aun cuando esta norma de la República establece que los recursos minerales son propiedad del Estado. Independientemente del tipo de territorio, los derechos de los pueblos indígenas igualmente son considerados para la aceptación de proyectos minero. (Fuente: informe Evaluación del Marco de Políticas Mineras, diciembre de 2020, IISD)
Sin embargo, todo lo anterior en el FODA se identifica como de “bajo” nivel de progreso. Mientras que las debilidades mencionadas son muchas más y de vital importancia, como: la falta de transparencia en el manejo y distribución de regalías, la débil institucionalidad de gestión y fiscalización, la ausencia de coordinación entre áreas protegidas ,concesiones mineras y solicitudes de tierras colectivas, la ausencia de integración del sector minero con los planes de desarrollo del país y la deficiencia en el monitoreo del agua. Además, indica que el gobierno no está actuando acorde a la complejidad y el alto riesgo de los relaves y botaderos estériles y que el proceso de permisos es visto como inestable, falto de coherencia, poco transparente y discrecional. Estas, entre muchas otras debilidades en derechos humanos, seguridad, salud y seguridad ocupacional.
Mientras este informe producido por expertos canadienses pro minería es ignorado, algunos sectores de la sociedad panameña claman por un “acuerdo justo” y urgente con la empresa que tiene hoy una concesión sin contrato en Donoso. La pregunta es, ¿sobre qué se fundamentará el Estado panameño para firmar dicho acuerdo, si no tiene siquiera las bases mínimas necesarias, para obtener un beneficio que se refleje en verdadero bienestar común, social, ambiental y económico para el país en general y de las comunidades afectadas en particular? Firmar dicho pseudo acuerdo sería una verdadera irresponsabilidad, no solo por parte de quienes lo firmen, sino de quienes lo acuerpan y aplauden.
Mientras Panamá puede hundirse en el fango minero y sus consecuencias, está tirando al despeñadero oportunidades reales de ingresos, que provienen de la riqueza real y no contabilizada en las fórmulas económicas de la minería; las mismas riquezas que hoy le generan a Costa Rica un PIB global $1,000 millones por encima del PIB global panameño (sin Canal y sobre todo sin minería).
Un grupo de organizaciones no gubernamentales estamos impulsando la discusión seria y objetiva de estas alternativas, a través de la iniciativa “Panamá Prospera Sin Minería”. Esto no se plantea desde el romanticismo ambientalista, sino sobre la base seria de que los ingresos fundamentados en negocios ambientales, turismo ecológico, manejo de cuencas hídricas, agroforestería y agroproducción sostenible, no solo generan más ingresos permeables en las comunidades y a largo plazo, sin destruir su base de aprovechamiento, sino que son más rentables a largo plazo.
¿Será que habrá quienes se atrevan a que analicemos en un escenario serio objetivo y con cifras, la destrucción –no contabilizada- producida por la minería metálica vs. el aprovechamiento sostenible de las riquezas naturales y únicas de Panamá? Esto solo será posible si nos enseriamos y dejamos de pretender el torcido camino de recibir dinero fácil.
La autora es miembro de la Fundación Panamá Sostenible
