El 2 de julio de 2025 se presentó una moción en el Parlamento Europeo de un nuevo rechazo a la propuesta de la Comisión Europea, formalizada el 10 de junio de 2025, de sacar a Panamá —entre otros países— de la Lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo en materia de blanqueo de capitales. En la ocasión anterior, el rechazo ocurrió finalmente el 23 de abril de 2024, con una votación por 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones, frente a la propuesta de la Comisión del 27 de octubre de 2023.
En abril de 2024, el Parlamento Europeo argumentó que “existen pruebas importantes y recientes que sugieren que estos países [Panamá y otros] carecen de esfuerzos para abordar, o incluso facilitan, la elusión de las sanciones impuestas a Rusia, incluidas sanciones financieras específicas contra personas físicas, como respuesta a la guerra de agresión rusa a Ucrania”. En particular, “se sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7”, advertencia hecha por Estados Unidos y Reino Unido en diciembre de 2023.
Escribimos en esta misma columna el 29 de abril de 2024 lo siguiente: “Estas razones, que hacen señalamientos importantes, requieren ser conocidas, debatidas y aclaradas debidamente”.
Las razones esgrimidas en la moción presentada en el Parlamento Europeo el 2 de julio, y que debe votarse el 9 de julio, no mencionaron directamente a Panamá. Fueron razones generales. La moción presentada considera que la Unión Europea no debe basarse exclusivamente en las evaluaciones del GAFI, sino seguir su propia metodología. Esto ha generado un debate entre órganos de la misma Unión Europea y con organismos internacionales. Panamá y los otros países están quedando en el medio.
Esta especie de montaña rusa, en la que se celebran salidas anticipadas de la lista que luego no se concretan, confirma la vigencia de la frase popular: “en la puerta del horno se quema el pan”.
¿Qué significa esto en la práctica y por qué es importante? Según la normativa europea, para excluir a un país de la lista se requiere la aprobación del Parlamento. Al mantenerse Panamá en la lista, los sujetos obligados en Europa deben continuar aplicando medidas de debida diligencia reforzada. Esto implica muchos mayores costos y reduce la competitividad de la jurisdicción panameña.
Esta segunda votación confirmaría que no se trata de un mero tecnicismo. El Parlamento Europeo está introduciendo consideraciones políticas que exceden lo técnico. Panamá poco puede hacer al respecto, pero lo que no puede —en ningún caso— es bajar la guardia.
Si en Panamá se lucha realmente contra el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo por convicción propia se deben tomar siempre las medidas necesarias para evitar que la jurisdicción panameña lo facilite, con listas de la Unión Europea o sin ellas.
El autor es abogado.
