Panamá quiere entrar a la OCDE. Puede parecer una noticia más del mundo diplomático, pero en realidad es mucho más que eso. Es una señal fuerte de que el país busca elevar su nivel, compararse con las naciones más avanzadas del mundo y, sobre todo, mejorar la forma en que hacemos las cosas.
¿Pero qué significa realmente entrar a la OCDE? No es solo pertenecer a un “club de países desarrollados”, como muchos lo llaman. Es abrir la puerta a un proceso profundo de revisión, de reformas y de ajustes serios a nuestras políticas públicas. Es comprometerse con estándares exigentes en temas como transparencia fiscal, educación, salud, medio ambiente, combate a la corrupción y más. Es, en resumen, tomar la decisión de dejar atrás muchas prácticas que ya no dan la talla en un mundo moderno.
Los países que ya pasaron por este camino lo dicen claro: no es fácil. No es rápido. Requiere reformas que, muchas veces, duelen. Pero también reconocen que fue un punto de inflexión. Les sirvió para modernizar su Estado, profesionalizar su administración pública y, en algunos casos, cambiar para siempre la forma en que se toman decisiones.
En el caso de Panamá, hay muchas razones para ver esto como una oportunidad. Tenemos fortalezas: una economía dinámica, una posición estratégica envidiable y una historia reciente de crecimiento. Pero también arrastramos problemas que no podemos seguir ignorando: desigualdad persistente, informalidad, un sistema educativo que necesita un giro y debilidades en el manejo del sector público.
Entrar a la OCDE puede ser el impulso que necesitamos para afrontar esas deudas. El proceso nos obliga a ponernos metas concretas, a rendir cuentas y a compararnos con países que ya han recorrido el camino del desarrollo. Y eso, bien aprovechado, puede ayudarnos a dar el salto.
Además, ser parte de la OCDE no solo tiene beneficios internos. Mejora nuestra imagen en el exterior, da confianza a inversionistas, abre puertas a cooperación técnica de primer nivel y nos posiciona mejor en el mundo. Pero ojo: no es un premio, es un compromiso. Y como todo compromiso serio, viene con condiciones.
Requiere organización. Coordinación entre instituciones. Técnicos preparados. Gente que sepa responder los cuestionarios, asistir a los comités, entender los estándares. Y, sobre todo, requiere voluntad política. No solo del gobierno actual, sino de todos los actores: oposición, sector privado, gremios, academia, sociedad civil. Porque este no puede ser un proyecto de un gobierno. Tiene que ser un proyecto de país.
Y sí, habrá costos. Reformas que incomoden. Normas que cambien. Sistemas que se tengan que actualizar. Pero lo que se gana a cambio es muchísimo más valioso: instituciones más sólidas, políticas públicas de mejor calidad y una brújula clara para orientar nuestro desarrollo.
No podemos entrar a medias. No podemos usar la OCDE solo como bandera política. Hay que tomarse el proceso en serio, con humildad, con apertura y con ganas de hacer las cosas mejor. Este es un momento clave, y desperdiciarlo sería un error enorme.
Panamá tiene mucho que ofrecer, pero también mucho por mejorar. El camino hacia la OCDE puede ayudarnos a lograrlo si lo asumimos con responsabilidad y visión de largo plazo.
¿Estamos listos? Esa es la pregunta. Y la respuesta es: depende de todos.
El autor es country Managing Partner – EY.
