En Panamá, nuestra historia se ha escrito con salitre y acero. Más allá del brillo indudable del Canal de Panamá, existe un archipiélago de puertos y terminales que forman el sistema circulatorio del comercio global. Son los gigantes silenciosos que descargan, almacenan y reenvían la riqueza del mundo.
Sin embargo, una reciente auditoría del gobierno a Panama Ports Company (PPC) ha encendido las alarmas: se detectó una presunta evasión fiscal que supera los mil millones de dólares. Este no es un caso aislado; es el síntoma de una enfermedad sistémica. La fiscalización estatal sobre nuestros puertos es débil, y ha llegado la hora de curarla.
Paisaje de gigantes supervisado por David
Basta con recorrer nuestra geografía para ver el poderío. En el Atlántico y el Pacífico, empresas de talla mundial operan nuestras terminales portuarias: Manzanillo International Terminal (MIT), Colon Container Terminal (CCT) y PSA Panama International Terminal mueven millones de contenedores al año. En el campo energético, las terminales de Taboguilla, Melones y Rodman manejan combustibles vitales, mientras Petroterminal de Panamá (PTP) es clave para el sector. Incluso nuestras exportaciones agrícolas, como el banano de Bocas del Toro, dependen de puertos especializados.
Este modelo de concesión a operadores privados nos ha traído inversión, tecnología y eficiencia. Pero toda concesión conlleva una responsabilidad: supervisar la operación. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿ha cumplido el Estado con su responsabilidad de supervisar a los concesionarios de servicios portuarios? Evidentemente, la respuesta es un no rotundo.
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la entidad llamada a ejercer este control, lo hace a través de una Dirección de Puertos que, según se sabe, sufre de una crónica falta de personal especializado, presupuesto insuficiente y regulaciones obsoletas frente a los complejos modelos financieros de las multinacionales. Es como enviar a David, sin honda, a enfrentarse a varios Goliat.
El hallazgo en Panama Ports no debería llevarnos a señalar solo a una empresa. Por el contrario, debe impulsarnos a preguntar: ¿qué está pasando en las demás terminales? Si en una se encontró un agujero de mil millones, es ingenuo pensar que es el único. El gobierno tiene no solo el derecho, sino el deber patriótico de realizar auditorías técnicas, transparentes e imparciales a cada terminal de contenedores y combustible, incluso a las operaciones ship-to-ship (STS) en aguas panameñas.
Debate necesario: ¿El Canal al rescate?
Ante la evidente debilidad institucional de la AMP, ha surgido una propuesta en el debate público: traspasar la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La idea es comprensible. La ACP es un faro de eficiencia y transparencia en la maraña estatal. Su gestión del Canal es un orgullo nacional, y confiarle estos puertos garantizaría, sin duda, una administración impecable.
Pero debemos ser prudentes. La misión primordial de la ACP es el Canal. Cargarla con la gestión directa de puertos comerciales podría distraer su enfoque y debilitar su función principal. Además, esto solo arreglaría una pieza del rompecabezas. ¿Qué pasaría con MIT, CCT, las terminales de hidrocarburos en la Bahía de Panamá o con el puerto de Almirante? El problema de la fiscalización nacional seguiría intacto. Sería un parche, no una solución.
Ruta clara para la nueva administración
El gobierno del presidente José Raúl Mulino tiene sobre la mesa una oportunidad única. No se trata de una simple auditoría de coyuntura, sino de la gran oportunidad de rediseñar la gobernanza portuaria para las próximas décadas.
1. Auditoría nacional. El primer paso no es negociable. El gobierno debe conformar de inmediato un equipo de auditores internacionales especializados en logística y finanzas corporativas para revisar todos y cada uno de los contratos de concesión. Esto no es una cacería de brujas; es un ejercicio de soberanía para saber a ciencia cierta si el país está recibiendo lo que le corresponde.
2. Fortalecer la AMP. La solución de fondo no es quitarle poder a la AMP, sino fortalecerla hasta que sea una entidad de primer nivel. Esto requiere:
Inversión en talento: contratar a los mejores ingenieros portuarios, abogados marítimos y auditores financieros, con salarios competitivos que atraigan el expertise, no la politiquería.
Leyes a la altura del reto: modernizar urgentemente la ley de puertos y su reglamentación, cerrando vacíos legales y estableciendo mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas.
Tecnología de punta: implementar sistemas de monitoreo satelital y en tiempo real que permitan rastrear volúmenes de carga y operaciones, minimizando la discrecionalidad.
3. Definir un modelo con visión de Estado. Panamá necesita una política de Estado para su sistema portuario. Quizás la ACP pueda jugar un rol de asesor técnico de la AMP, o tal vez sea el momento de crear una Autoridad Nacional Portuaria independiente, con el mismo rigor técnico de la ACP, pero dedicada exclusivamente a este fin.
Conclusión
Nuestros puertos son un tesoro nacional. Más que concesiones, son territorios económicos estratégicos donde se juega el futuro de nuestro desarrollo. La evasión millonaria descubierta es una bofetada que nos debe despertar. No podemos seguir siendo el país con el sistema logístico más dinámico de la región, pero con una supervisión estatal del siglo pasado.
La administración Mulino tiene la palabra. Los panameños esperamos que tome el timón con firmeza y devuelva al Estado el control soberano de las aguas y puertos que, por derecho geoestratégico, son nuestro legado más preciado. Es hora de que el Estado deje de ser un espectador en su propio puerto.
El autor es práctico del Canal de Panamá.
