Panamá ha sufrido algunas alteraciones en su calificación de riesgo país. En marzo de 2023, la calificadora Fitch Ratings degradó la calificación de Panamá de BBB (grado de inversión) a BB+ (grado especulativo), con perspectiva estable, citando problemas fiscales, aumento de la deuda y el cierre de la mina más grande del país. Fue la pérdida definitiva del grado de inversión por parte de Fitch.
Por su parte, Moody’s rebajó la nota de Baa2 a Baa3 en octubre de 2023 (todavía dentro del grado de inversión) y modificó la perspectiva de negativa a estable, mencionando la falta de una respuesta fiscal adecuada. Luego, el 29 de noviembre de 2024, mantuvo la calificación en Baa3, pero volvió a cambiar la perspectiva a negativa, advirtiendo un deterioro fiscal mayor al esperado y riesgos futuros.
Standard & Poor’s, en noviembre de 2023, revisó la perspectiva de su calificación BBB a negativa, y en noviembre de 2024 confirmó la rebaja de BBB a BBB-, aún dentro del grado de inversión, pero con señales claras de deterioro.
Estas agencias han justificado sus decisiones con base en factores como el aumento del déficit fiscal y de la deuda pública, los riesgos de gobernabilidad y la dependencia de ingresos cíclicos (como los provenientes del Canal y la minería).
En los últimos años, Panamá ha atravesado eventos políticos que han deteriorado su perfil crediticio:
El cierre de la mina Cobre Panamá (2023). Esta decisión fue interpretada como una señal de inseguridad jurídica, afectando la confianza de los inversionistas en la estabilidad de los contratos a largo plazo. La mina representaba cerca del 5% del PIB, impactando negativamente los ingresos fiscales y las exportaciones.
Corrupción y falta de independencia judicial. Reiteradas denuncias en estos ámbitos han debilitado la confianza en las instituciones. Informes del Banco Mundial y Transparencia Internacional destacan una gobernanza frágil.
Huelgas prolongadas en sectores clave. Educación, salud y construcción han sido protagonistas de paros motivados por el descontento con decisiones políticas. Estas acciones generan incertidumbre y proyectan una imagen de débil gobernabilidad.
Inestabilidad política. Las elecciones de 2024, marcadas por la polarización y el regreso de figuras con procesos judiciales, han sembrado dudas sobre la continuidad de políticas económicas estables.
Este contexto ha propiciado una dinámica autodestructiva: constantes conflictos entre trabajadores y el Estado o empleadores erosionan el tejido social y económico.
Desde 2005, los docentes han protagonizado múltiples protestas: contra reformas a la seguridad social (2005), la “Ley Chorizo” (2010), condiciones laborales (2013), promesas salariales incumplidas (2016), el alto costo de vida (2022) y contratos mineros (2023). Algunas huelgas han durado semanas, afectando a comunidades enteras.
El sindicato SUNTRACS, con una fuerte base militante, ha paralizado centenares de proyectos, incluida la ampliación del Canal (2012, 2014, 2018 y 2022), exigiendo aumentos salariales mientras la industria obtenía ganancias millonarias. Estas acciones, muchas veces indefinidas, provocan bloqueos que afectan directamente la economía nacional.
En mayo de 2012, los gremios de salud suspendieron consultas y hospitalizaciones durante casi dos meses. En julio de 2022, se sumaron a las protestas contra la inflación.
Hoy, entre mayo y junio de 2025, coinciden paros docentes, médicos y de la construcción. Hay escuelas cerradas, hospitales semi paralizados y carreteras bloqueadas. Las acciones legales contra dirigentes sindicales solo han intensificado la tensión, en un contexto de creciente polarización social.
¿Por qué hablar de “expertos en autodestruirnos”? Porque hemos normalizado medidas extremas que paralizan el país más de lo que construyen soluciones. Cada protesta se convierte en un referente para la siguiente. La respuesta institucional es deficiente, y el ciclo se repite.
Según la Real Academia Española, terrorismo es el uso de la violencia y el terror sobre una colectividad como forma de lucha política. Combatirlo requiere determinación, unidad y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Por eso, los lamentables actos de violencia ocurridos en Changuinola deben condenarse con firmeza. Atentan no solo contra la seguridad ciudadana, sino también contra la paz nacional.
El historial reciente refleja una sociedad atrapada en espirales de confrontación. El desafío no es eliminar las movilizaciones —que pueden ser legítimas—, sino romper el ciclo autodestructivo. Hay que canalizar las demandas sociales por vías institucionales, con voluntad de diálogo y reformas viables.
Panamá, bendecido por su posición geográfica y su canal interoceánico, tiene todo para ser una nación próspera. Pero los eventos recientes —que han afectado la confianza de los inversionistas, deteriorado los servicios públicos y alimentado el desempleo— muestran lo contrario.
Nos enfrentamos a una pregunta urgente: ¿seguiremos por el camino del cortoplacismo y la confrontación o construiremos un pacto nacional basado en la legalidad, el respeto institucional y el desarrollo sostenible?
La autodestrucción no es un destino inevitable. Pero lo será si no cambiamos de rumbo. Panamá merece más que ser recordado como un país que tuvo todas las oportunidades… y las desperdició por su propia mano.
El autor auditor forense y examinador de fraude autorizado.
