Mucho se ha perdido de aquel planteamiento de rescate de los sitios patrimoniales en las postrimerías de los años 70, fecha en que el gobierno del general Omar Torrijos propuso la protección de casi todas las edificaciones en San Felipe y su posterior intervención, a cargo del hoy fallecido arquitecto restaurador mexicano proponente de la Carta de Venecia, Carlos Flores Marini. Si bien es cierto las edificaciones en este sector fueron abandonadas por sus propietarios y otras cedidas al Estado para uso comunitario, el gobierno de entonces mantuvo ese interés de facilitar a los más desprotegidos un recinto que sirviera de vivienda temporal con la finalidad de promover a través del IVU (Instituto de Vivienda y Urbanismo) y el MIVI, soluciones para una mejor calidad de vida.
En el recuento de los años, las normas impuestas como la Ley 91 y la 14, modificadas en 2003, aseguraron la no profanación y mal uso de las instalaciones en este emblemático sector.
Tras más de 20 años de la promulgación, por parte de la Unesco, el 6 de diciembre de 1997, enlistando al Salón Bolívar y al Centro Histórico de San Felipe y Santa Ana como Patrimonio de la Humanidad, puede apreciarse cómo la indiferencia de los últimos gobiernos, partiendo de Ricardo Martinelli y aterrizando con Juan Carlos Varela, la ciudad que llamamos histórica se desvanece en sus valores universales y solo somos parte de un circuito de incomprensiones en donde el interés personal y de inversionistas impone criterios, caprichos, sacan ventaja sobre una colectividad que permanece inane ante tanta confusión, ante la falta de un programa de recuperación cónsono con la realidad y no de un paquete de propuesta académicas que son discriminatorias y que solo sirven de interpretación para algunos funcionarios, tanto de la Dirección del Patrimonio Histórico, Alcaldía de Panamá como de la llamada Oficina del Casco Antiguo (OCA), que desconocen la razón y existencia de nuestro San Felipe y Santa Ana.
Mi tarea siempre será poder denunciar con la objetividad del caso y con base en los hechos la desintegración de un sector que, al igual que en 1673, fue destinada a la élite y a la conjura de lo religioso, para mantener hegemonía y llenar las arcas a través del tributo de sus indulgencias.
Sigamos pensando que los patronatos son causas nobles y que la consolidación de los museos e iglesias debe ser dirigida por la filantropía criolla, y que el mecenazgo arrojará los resultados esperados. Es mucho más que eso; es la responsabilidad del Estado de dirigir los fondos para que ese sentido de pertenencia que debemos tener todos los panameños no quede en el limbo de quienes se aprovechan y usufructúan del patrimonio de la nación, llevándose consigo las luchas y sacrificios de los hechos más significativos que dieron paso a la evolución de nuestra república y de la aportación de grandes ciudadanos y el devenir nacional.
El autor es diseñador