Hay cosas que uno ve y no logra sacarse de la cabeza. No porque sean extraordinarias, sino porque en Panamá hemos aprendido a normalizar lo indigno. En un reciente paseo al interior, quedé atónito al ver a cinco jueces de paz de cinco corregimientos distintos en el patio de una Junta Comunal en Los Santos. Antes, una sola jueza atendía esos cinco corregimientos, por lo menos con asientos y en condiciones más o menos dignas.

Ahora trabajan con computadoras e impresoras propias y prestadas, sentados en taburetes y turnándose una oficina según la necesidad de audiencias. Verlo fue increíble, especialmente en el país más rico de Centroamérica. Pero esto no se trata solamente de sillas, tinta o una oficina. Se trata de algo más profundo: del acceso desigual a la justicia para quienes viven fuera de la capital, lejos de una institución que debería estar diseñada para ser cercana.

La justicia comunitaria nació para evitar que cada problema entre vecinos termine en un expediente, un abogado, una corbata o una cárcel. Nació para conversar, ceder, llegar a acuerdos y permitir que las personas sigan viviendo unas junto a otras. Pero para conversar también hace falta llegar; hace falta saber dónde está la oficina, tener transporte, una rampa, un letrero, una silla donde esperar y alguien que pueda atender.

Desde enero de este año, más de 500 jueces de paz pasaron a depender del Ministerio de Gobierno. El argumento era que los municipios no tenían recursos suficientes y que el sistema requería profesionalizarse. Diez meses después, uno se pregunta: ¿qué significa profesionalizar una justicia que sigue atendiendo entre taburetes, gallinas y oficinas prestadas? ¿Cómo llega un vecino a una Casa de Paz si no hay transporte público suficiente, señalización, accesibilidad ni información clara?

La respuesta no puede ser que, para quien vive en el interior, en una comarca o en una comunidad rural, la justicia sea siempre más lejos, más cara y más difícil. Una Casa de Paz no existe porque se cambie de institución responsable ni porque se anuncie una reforma. Existe cuando una persona puede encontrarla, llegar a ella y ser atendida con dignidad.

Porque entre gallinas y bancas, jamás caminará la verdadera justicia que busca la paz.

El autor es director de Proyectos en Fundación Iguales y vicepresidente de la Red de Derechos Humanos de Panamá.