El reciente acercamiento del presidente Barack Obama a Cuba y Argentina así como el gradual desmoronamiento del llamado bloque bolivariano en América del Sur han llevado al inefable Nicolás Maduro a interrumpir sus conversaciones con pajaritos para denunciar la existencia de una “conspiración imperialista” de carácter hemisférico. Y aunque los desatinos de Maduro no merecerían más que una sonora carcajada, la confluencia de acontecimientos en el continente americano sí merece un análisis serio que debe empezar por despejar un mito fuertemente arraigado según el cual Estados Unidos (EU) tiene una política hemisférica en 2016.
Hace por lo menos 30 años que no la tiene. Cuando la tuvo, fue trágicamente negativa para la región porque sirvió para apoyar dictaduras locales, derrocar gobiernos legítimos y explotar las riquezas naturales de los países más débiles. Pienso en Richard M. Nixon y la Operación Cóndor o en la intervención de Ronald Reagan en América Central, cuyo único beneficio fue unificar a la región contra la intervención estadounidense.
Hoy, afortunadamente, eso ya no existe. EU tiene una agenda diplomática, política, económica y cultural con cada uno de los países del hemisferio. La relación con México es totalmente distinta a la relación con Argentina o Brasil, y todas son constantes, fluidas y no dependen de los viajes presidenciales.
El viraje que Obama ha planteado en la relación con Cuba no significa que EU modifica su trato con América Latina. Su propósito es modificar su relación con Cuba porque el presidente y la mayoría de la opinión pública estadounidense piensa que ha llegado el momento de rectificar una política que estuvo en vigor por más de medio siglo y que fracasó en su intento por derrocar al régimen. Es también un afán por distinguir adecuadamente entre un tema de política exterior y otro de carácter doméstico y darle a Cuba su dimensión real como país y no como suburbio de Miami.
Obama es un presidente que prioriza la negociación sobre la intervención y que entiende que la democracia en Cuba solo será duradera si la construyen los cubanos sin presiones externas. Por eso, en los dos últimos años Obama ha venido desmantelando piezas del embargo aunque es evidente que todo este delicado entramado se podría venir abajo.
El futuro inmediato de la relación con Cuba depende en gran parte de lo que suceda en el VI Congreso del Partido Comunista cubano en abril vis a vis la anunciada renuncia de Raúl Castro al poder en 2018. Si el Congreso ratifica el poder de la vieja guardia, de los llamados históricos de la revolución, tendríamos más de lo mismo. Un fracasado sistema político y económico que cada día será más difícil de sostener sin ayudas económicas del exterior. La otra opción sería que se fueran dando los primeros pasos hacia una transición democrática porque hay un verdadero cambio de guardia.
Otro factor que será determinante para el futuro de Cuba es el resultado de las elecciones de noviembre en EU. El triunfo de Hillary Clinton garantizaría continuidad de la política hacia Cuba. Y un triunfo demócrata en el Congreso aseguraría el fin al embargo, a la ley de ajuste cubano y muy probablemente una negociación sobre el territorio en Guantánamo. Por otro lado, el triunfo del candidato del Partido Republicano a la presidencia y la repetición de un Congreso dominado por ese partido detendría los avances logrados si no es que les daría marcha atrás.
Que este acercamiento entre EU y Cuba se dé justo en el momento en el que el llamado bloque bolivariano se desintegra no tiene una relación causal. Maduro perdió las elecciones porque su ineptitud ha llevado al país a la ruina. En Brasil es la justicia la que les exige a la presidenta y al expresidente que rindan cuentas por los escándalos de corrupción. En Bolivia, los votantes se hartaron de que Evo siguiera reeligiéndose de por vida. En Argentina los votantes expresaron su repudio a los 12 años de corrupción de la familia Kirchner.
El péndulo se está moviendo porque los votantes quieren elecciones transparentes, alternancia en el poder, protección de los derechos humanos, vigencia de la independencia judicial, libertades de prensa y asociación, y creen que la rendición de cuentas es una obligación del Ejecutivo.