Según declaraciones de la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, en diciembre 2014, el 50% de los alumnos no concluyó su formación media, mientras que un informe del Banco Mundial (julio 2012) señalaba que solo 1 de cada 20 graduandos de estratos socioeconómicos bajos continuaba sus estudios, en contraste con 2 de cada 3 egresados de niveles medios y altos, que entraban a la universidad antes de cumplir 25 años.
El promedio de escolaridad de la fuerza laboral panameña es hoy de 11.4 años y el 65% tiene educación media o inferior, lo que evidencia que el sistema público de enseñanza es el vehículo principal mediante el que la mayoría de los trabajadores panameños (as) de escasos recursos construye su plan de vida.
El acceso a la educación superior está condicionado por variables económicas y deficiencias del sistema educativo. El 34% de la población ocupada tiene título universitario (509 mil 748 profesionales); el 54% es mujer y 3 de cada 5 trabajan en el sector comercio, salud, educación, gobierno y logística.
El Estado hace enormes esfuerzos para una educación más incluyente, pero la empleabilidad y sostenibilidad laboral de jóvenes de escasos recursos están íntimamente ligadas a la accesibilidad, calidad y pertinencia de las escuelas públicas. Para un joven sin adecuada formación y capacitación, las probabilidades de obtener y mantener un empleo digno son cada vez menores. Quedan limitados a ciertos sectores, como la industria y la construcción, cuyos promedios de escolaridad son de 9.1 y 9.5 años, respectivamente, y más de la mitad de los trabajadores solo estudió el primer ciclo aprobado. Sin embargo, ambos sectores, que en conjunto aportan 304 mil 824 empleos a la economía, están inmersos en procesos de tecnificación, lo que hace presumir un aumento en sus exigencias educativas a mediano plazo.
La incursión prematura de jóvenes de escasos recursos al mercado laboral ha sido el catalizador para que a partir de 2009 la informalidad creara más empleos que la empresa privada, y que 1 de cada 2 nuevos empleos generados a partir de 2012 sea informal. Además, la falta de accesibilidad y pertinencia educativa, con la resultante alienación juvenil del ámbito laboral, tienen repercusión en la seguridad ciudadana.
Esfuerzos como el Programa de Orientación Vocacional y Empleo, iniciativa de los ministerios de Trabajo y Educación para orientar acerca de las carreras y ocupaciones más prometedoras, así como el Instituto Técnico Superior del Este y otros, son pasos correctos. Mientras no mejoremos el acceso, calidad y pertinencia de la educación, como plataforma de integración de las clases más necesitadas al progreso económico, seguiremos en un círculo vicioso, cual “perro mordiéndose la cola”, culpando al Gobierno, discutiendo respuestas coyunturales a problemas estructurales, alimentando la exclusión y creando ciudadanos dependientes de ayudas del Estado.
