En Panamá, la corrupción es un delito difícil de perseguir por muchas razones, sobre todo, de alto perfil, quienes siempre encuentran tecnicismos y jueces “especiales” para salirse librados de pagar en la cárcel y lograr medidas cautelares beneficiosas, prácticamente librándose de cualquier condena ejemplar al final.
No sabemos si las investigaciones no cumplen los protocolos y exigencias o quedan “dudas razonables” para que ninguno termine cumpliendo alguna pena.
Lo curioso de esto es que esta población de políticos, acusados de corrupción, que manejaron transacciones multimillonarias, hicieron contrataciones directas, se gastaron sumas millonarias de forma dudosa, que son dueños de cuentas millonarias, algunos en Suiza o en bancos en el extranjero, propietarios de fincas o casas de lujo que no tenían antes de iniciarse en el Gobierno y así muchas cosas más, pero ninguno es culpable de nada y siempre utilizan el término de “perseguidos políticos”.
Los nuevos “perseguidos políticos” que manifiestan ser, algunos de esos acusados de corrupción, también aspiran a ocupar puestos de elección popular, incluyendo la presidencia o vicepresidencia de Panamá. Llama la atención que después de estar siendo investigados, unos aparecen con “aspiraciones políticas” y deseos de mejorar el país, de repente, así tengan 20 casos pendientes con la justicia, además de una cuadrilla de abogados.
Con el respeto que se merecen estos ciudadanos, encuentro gracioso que luego de ser acusados de algún delito que motiva alguna investigación penal, se conviertan en aspirantes a puestos de elección popular, pero en su vida anterior en los puestos de mando que ocuparon a muchos ni se les conocía.
Parece que al ser acusados de alguna posible lesión patrimonial surgen nuevos “perseguidos políticos” con deseos de mejorar el país, ¿o será para borrar el pasado dudoso de la memoria de todos los panameños o en la computadora?
Por mucho tiempo, los políticos nuestros, luego de ocupar altos cargos, se dedicaban a tiempo completo a sus asuntos personales y privados. Ahora parece que cambiaron estas prácticas, ¿o será que lo que buscan es el fuero electoral para librarse de alguna investigación seria y objetiva que los pueda implicar en casos de corrupción?
Se necesita cambiar nuestra justicia para que ninguno de estos altos funcionarios implicados en delitos de corrupción quede sin pagar alguna condena, y crean que la población no los está observando por esos fallos controversiales, incluyendo a la Corte Suprema, donde han librado a peces gordos de investigaciones que han causado pérdidas millonarias a nuestro país. Nadie está pagando por esos delitos. ¿Cómo pueden terminar casos donde el país ha perdido sumas altas de dinero y nadie queda preso? ¿Cómo podemos creer que la justicia funciona si no hay nadie pagando por delitos descarados, sin devolución del dinero perdido?
Como dicen muchos, en la calle el que roba gallina sí puede pagar y los que nos roban millones los dejan en una cárcel con celdas de lujo, con derecho a todo y a salir libre por un aparente tecnicismo o porque existe presión política para que lo dejen en libertad.
Salir a protestar y hacernos sentir como pueblo para que la justicia funcione será la única opción, ¿o nuestro sistema judicial está tan podrido que no se siente su propio olor? Esperamos que la corrupción en Panamá ahora sí cumpla en la cárcel.
El autor es ciudadano