Las cárceles panameñas se rigen por el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Panamá; la Ley 55 de 2003, que las reorganiza, y el Decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, que las reglamenta. Sin embargo, lo que preocupa es la estadística de población en las cárceles. Según cifras presentadas por la Dirección General del Sistema Penitenciario, la población penal ha aumentado progresivamente desde julio de 2018 (16 mil 69 personas) a febrero de 2019 (16 mil 680); cifra alarmante debido a que algunas cárceles panameñas presentan un alto índice de hacinamiento. Entre los centros penales críticos se encuentran: Penonomé, La Chorrera, Chitré, Aguadulce y Las Tablas.
Actualmente el país tiene un porcentaje de población penal de 401 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, basado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Lo que muchos no saben es que el porcentaje actual de los privados de libertad que se encuentran procesados es solo un 54% y el otro 46% es víctima de la burocracia esperando su proceso. Todo esto hace que surjan varias interrogantes, entre estas: ¿cómo podemos disminuir las cifras de la población penal? Sabemos que si esto fuera un trabajo sencillo, ya el Estado habría conseguido la solución, porque encarcelar y procesar no debe ser la tarea fundamental para el sistema penitenciario, sino fortalecer las bases de los valores y promover la reinserción social, creando programas obligatorios que capaciten a los privados de libertad en un oficio, inicien su trabajo dentro del centro y, una vez cumplida su sentencia, puedan ser reinsertados a la sociedad con empleo y orientación, abriéndoles un campo de oportunidades.
Es muy sencillo promover y exigir el cumplimiento de las leyes a las autoridades, pero también debemos reclamar que al cumplir su condena los privados de libertad puedan obtener un empleo, vivienda y condiciones de vida dignas, para que así el ciclo de la delincuencia no se repita.
El Gobierno de Panamá cuenta con un programa de permisos laborales que tiene como propósito fundamental propiciar la resocialización y reinserción gradual del privado de libertad. Entre los requisitos para aplicar, el privado de libertad debe tener una oferta laboral, lo que presumimos, no debe ser fácil, ya que las empresas en Panamá cuentan con políticas estrictas de contratación.
La situación penitenciaria es un drama humano de mucha complejidad, y que requiere que entendamos que la privación de la libertad no es una forma de venganza, sino una forma de rehabilitación.
La autora es estudiante de maestría en la UIP.