La migración irregular será, sin duda, uno de los mayores retos y prioridades en la agenda del nuevo gobierno. Los flujos migratorios irregulares están en aumento, y la gobernanza migratoria, junto con la gestión fronteriza de los países de tránsito y destino, ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad, situación que también enfrenta Panamá. Esto ha llevado a destinar recursos económicos, personal humano e infraestructura al control migratorio, en lugar de invertir en proyectos de innovación, tecnología, promoción de la inversión extranjera y servicios básicos para la población panameña.
Es esencial establecer políticas migratorias basadas en el cumplimiento de la ley, el combate al crimen organizado y la promoción de vías regulares de migración. Sin embargo, también es crucial no perder de vista las oportunidades que la migración puede ofrecer como motor económico.
Panamá ha sido líder en la creación de políticas que promueven la inversión, atrayendo capital humano altamente calificado e inversionistas de diversas nacionalidades. Ejemplos exitosos incluyen la Ley No. 41 de 2007, la Ley 45 de 2012 y la Ley 57 de 2018, que establecen el régimen especial para Sedes de Empresas Multinacionales. Estas leyes han permitido el registro de más de 236 licencias, la generación de más de 7,800 empleos y más de $1.3 mil millones en inversiones.
El Decreto Ejecutivo No. 722 de 2020, que crea el Permiso de Residencia Permanente bajo la categoría de Inversionista Calificado, ha sido otro éxito, permitiendo la aplicación de más de 305 personas con una inversión superior a $91.5 millones en sectores como el inmobiliario, bancario y de bolsa de valores.
Aunque estas políticas han sido efectivas, las nuevas tendencias globales y la pandemia han cambiado las prioridades. Ahora, no solo se buscan beneficios fiscales, sino también infraestructura de calidad, acceso a tecnología y, sobre todo, estabilidad jurídica. La posible implementación de una renta global en países desarrollados exigirá que Panamá adapte sus programas de atracción de inversión para ajustarse a las nuevas necesidades de empresas, patrimonios familiares e inversionistas.
Panamá tiene un gran potencial para mantenerse como líder en el sector y desarrollar programas competitivos a nivel internacional. Sin embargo, para lograr esto, se necesita un compromiso desde el Ejecutivo, con la colaboración de instituciones, el sector privado, los gremios y las entidades migratorias y laborales del país. Además, las políticas migratorias deben ir más allá del control migratorio y fomentar la migración como una oportunidad para la inversión extranjera, la creación de empleos y la capacitación de trabajadores panameños.
La creación de programas específicos de residencia por inversión en infraestructura pública, gestión de desechos sólidos, energías renovables y tecnología podría perfilarse como una oportunidad que no solo contribuya al crecimiento del país, sino también al mejoramiento de la calidad de vida de todos los panameños. Además, replicar programas exitosos de otros países, como el del Reino Unido, donde se otorga residencia a los graduados de las mejores universidades del mundo, puede ser una opción para atraer talento altamente calificado.
Como país, tenemos la oportunidad de equilibrar una gestión migratoria efectiva con políticas de inversión que aprovechen el potencial económico de la migración. Al hacerlo, Panamá no solo podrá enfrentar los retos de la migración irregular, sino también consolidarse como uno de los destinos más atractivos del mundo para invertir, generar negocios y residir, permitiendo mantener a quienes ya están y siendo atractivo para quienes deseen venir.
La autora es abogada.
