En Panamá, un año en un colegio particular puede costar tanto como una carrera universitaria completa. Para 2027, la Acodeco reporta anualidades de primaria que van de $450 a $7,225, y una carrera en una universidad privada se ha ubicado entre $8,000 y $9,000 en total. En los colegios internacionales, los montos son todavía mayores: por ejemplo, uno de la capital indica en su página web que cobra $18,948 al año en bachillerato, más una matrícula anual de $1,900 y un pago único de admisión de $12,000, sin el cual no se matricula al estudiante.

La primera razón es que en la universidad existe un techo de precios que en la secundaria no. Panamá cuenta con cinco universidades estatales: la Universidad de Panamá, la Tecnológica, la Autónoma de Chiriquí, la Especializada de las Américas y la Marítima Internacional. Juntas concentran casi ocho de cada diez universitarios del país (77.9%, según el INEC). Queda fuera de esta cuenta la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, creada en 2022, por su matrícula todavía baja. Esas carreras cuestan una fracción de lo que cobran las privadas: según el rector de la Universidad de Panamá, Medicina cuesta unos $600 por toda la carrera, frente a hasta $100 mil en una universidad privada. Esa competencia obliga a las privadas a justificar sus precios. En secundaria, en cambio, la opción pública no presiona a nadie a bajar tarifas, porque muchas familias ya no la consideran una alternativa.

La segunda razón es que no se paga solo por las clases. Los colegios de gama alta venden grupos pequeños, inglés, instalaciones y un entorno: compañeros que mañana serán contactos y una marca que abre puertas en la universidad y en el primer empleo. Un análisis de 2024 señalaba 76 puntos de diferencia en matemáticas entre colegios particulares y oficiales, así que la promesa tiene algo de cierto. Lo difícil es saber cuánto. Nadie puede demostrar qué parte de la factura compra mejor aprendizaje y cuál compra un círculo social.

A veces ni siquiera basta con pagar la anualidad. Se ha reportado que en muchos colegios internacionales las donaciones llegan hasta los $15,000. Un proyecto de ley buscaba prohibir que los colegios exigieran donaciones como requisito de ingreso o de matrícula, lo que da una idea de cuán extendida es la práctica.

La tercera razón es la desconfianza en la escuela pública, y los datos la respaldan. El paro docente de 2025 duró 80 días en un sector que atiende a unos 700,000 estudiantes, y Unicef y Unesco recordaron que esta situación se suma a más de 500 días de clases perdidos desde la pandemia. En la prueba PISA 2022, Panamá sacó 357 puntos en matemáticas, por debajo del promedio de la OCDE, y solo el 16% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 de competencia, frente a un 69% en promedio en los países de la OCDE.

A eso se suma el estado de las escuelas. Un estudio de Jóvenes Unidos por la Educación, sobre 72 planteles, encontró que el 40% no inició clases el 10 de marzo de 2025 por deficiencias estructurales y que el 44% tenía baños deteriorados. Según un balance publicado, de las 1,089 escuelas incluidas en el programa de mantenimiento de 2025, solo 173 habían terminado obras. El Ministerio lo explicó diciendo que no se puede pedir que 3,000 escuelas estén listas en seis meses cuando se acumulan más de diez años de retrasos.

Con ese panorama, el precio pesa menos en la decisión de un padre que el miedo a que su hijo pierda otro año. Paga lo que le pidan, aunque tenga que endeudarse o renunciar al ahorro que habría usado para la universidad de ese mismo hijo. Culpar a las familias no resuelve nada, y regular tarifas sin más tampoco.

El autor es ingeniero industrial, internacionalista y abogado.