Una semana antes de que Chile presente su contramemoria en la Corte Internacional de Justicia, que juzga la demanda interpuesta por Bolivia para obligarlo a negociar de buena fe una salida soberana al mar, el canciller David Choquehuanca encabezó una delegación del más alto nivel con el objeto de “inspeccionar” los puertos de Arica y Antofagasta, por los que sale y entra alrededor del 80% del comercio boliviano.
En el tratado de 1904, que fijó los límites entre ambos después de la Guerra del Pacífico, Chile se comprometió a garantizar el más amplio libre tránsito para el transporte de la carga de su vecino, la administración de las aduanas bolivianas en ambos puertos y un sustantivo conjunto de facilidades conexas.
En un gesto de evidente provocación, La Paz evitó el tratamiento diplomático que corresponde a una visita tan importante, sin acordar agenda ni programa de trabajo con las autoridades chilenas. Ignorando la incomodidad expresada por el canciller Heraldo Muñoz, Choquehuanca ingresó a Chile con su viceministro, los presidentes de las dos cámaras del Congreso, funcionarios, políticos, transportistas y periodistas, en una caravana que superó las 50 personas. Denunciaron supuestos incumplimientos, maltratos a camioneros bolivianos y entonaron la beligerante Canción del Mar, frente a una prensa sorprendida.
Meses antes Bolivia decidió aprovechar totalmente las aguas del Silala, un río de curso sucesivo que nace en Bolivia y discurre hacia Chile. Santiago demandó a La Paz por esa transgresión unilateral, instaurando un segundo pleito judicial en La Haya. Las continuas declaraciones ofensivas del presidente Evo Morales y las autoridades de su gobierno han alimentado la tensión. “Ningún gobierno de Bolivia llevó la relación a un nivel tan bajo en los últimos 100 años”, afirmó el canciller Muñoz, antes de buscar apoyo parlamentario para denunciar el Convenio de Supresión de Visas Diplomáticas y Oficiales (que facilitó el ingreso de la delegación extranjera a su territorio).
Aunque Latinoamérica estaría más unida sin estos conflictos, la región parece un océano de paz, si se observan las amenazas que pesan sobre otras latitudes. Pero necesitamos fortalecer la unidad, la democracia, el Estado de derecho y el libre mercado, porque son los mejores activos para enfrentar al peligro de un indeseable triunfo de Donald Trump. En el epicentro de un sistema internacional que es víctima del terrorismo y la violencia, las agresivas políticas que pregona cuestionan los principios que inspiran la Constitución de Estados Unidos. Anuncian el fin del orden que surgió de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, y un aislacionismo hostil que demolería instituciones y tratados de defensa recíproca e integración.
Los latinoamericanos enfrentaríamos el debilitamiento del sistema interamericano y el replanteamiento de las relaciones con Washington, así como los efectos de la disolución del Nafta y los tratados de libre comercio, que enfurecen al iracundo candidato republicano. El robustecimiento de la Alianza del Pacífico, la reforma y liberalización del Mercosur, y la Cumbre Presidencial de APEC en Lima, el próximo noviembre, son oportunidades que debemos aprovechar. A esas favorables perspectivas se sumaría la concreción de la paz en Colombia, así como un progreso hasta ahora imposible hacia la democratización de Venezuela.
En La Haya, Bolivia y Chile protagonizan dos controversias en un preocupante clima de enemistad. Lima podría ser un punto de encuentro para revertir esa dinámica de tensión y fomentar relaciones de cooperación. La confluencia de intereses recíprocos entre sus zonas fronterizas, y el gran sur peruano sería un camino eficaz para que la vecindad rinda frutos tan positivos como los que han beneficiado a Perú y Chile en las últimas décadas.