Este cuestionamiento se fundamenta en hechos históricos que recoge nuestra vida republicana. En otras ocasiones hemos hecho un recuento de nuestra historia electoral, golpes de Estado y fraudes, casos específicos y sui generis de los verdaderos líderes que han llegado a la presidencia de la República en buena lid o por la fuerza. Pues bien, para el presente análisis, referenciado desde la ciencia política —que no oculta, sino que evidencia los hechos fácticos que abordan y circundan el poder—, con certera observación logramos identificar este fenómeno político que proviene, más bien, de los intereses económicos de los acaparadores de riquezas, asentados en la esfera criptocrática, dominando partidos políticos, oenegés e incluso instituciones de corte social; es decir, teniendo el control de los entornos sociopolíticos.
Una de las primeras interrogantes es la postulación de candidatos a la primera magistratura del país y a los demás cargos de elección popular, que en principio —y no desde una base científica estructurada como debería ser— emergen a la vida política por herencia familiar encriptada en partidos políticos y, por último, con el visto bueno de los criptócratas, o viceversa: la imposición de candidatos desde lo interno de los partidos políticos y hoy también desde la malograda candidatura independiente. El mecanismo electoral para tal fin, establecido en el Código Electoral, son las primarias, que no son más que la demostración de cuál candidato invierte más dinero y fanfarrea en su elección interna, más que el escrutinio por su trayectoria política o social. Previamente pasan por el perfilamiento de los acaparadores de riquezas que van inyectando sendas donaciones para sus campañas.
Una vez se van escogiendo, dentro del período establecido, van saliendo los “elegidos” no por las bases votando a conciencia, sino por aquellas sometidas al indefectible clientelismo institucionalizado; es decir, por quienes financian sus suntuosas campañas. De acuerdo a la cantidad de aspirantes empieza la matemática electoral a trabajar. Pese al ausentismo y abstencionismo del electorado —no cuantificado, para no deslucir el recurrente 30% de votos al ganador, como se ha observado en las últimas elecciones—, enrumban a sus “favoritos” a la presidencia con la clara complicidad del Tribunal Electoral, que escruta votos electrónicos, sumando difuntos y menores de edad sin ejercer la coercitividad de la ley a quienes la infringen, incluso a las otras candidaturas, proveyéndolas de la técnica fraudulenta del residuo, cociente y medio cociente.
Solo para que tengamos un pantallazo de cómo llegan al poder. El punto a considerar es que al pueblo nunca se le consulta quién debería ser presidente, ya que es una franca imposición de carácter empresarial. Una vez elegido, el resultado que venimos observando y criticando es que cada presidente entrante es una fiel copia del anterior, y la validez del cuestionamiento popular —¿a quiénes representan?— ya no nos deja duda: al pueblo panameño no es. Cada vez estamos más convencidos de que se trata de a quiénes favorecen durante sus quinquenios, que podemos dividir —en los más recientes— en las eras Odebrecht y mineras como máximos donantes de campaña, paralelo al ya conocido “señor de los cielos” y el narcotráfico, que, por medio de sus millonarias donaciones por sociedades jurídicas o en dinero en efectivo, se transfieren a la banca privada local o en maletines.
Al explicar esto reiteradamente sentimos vergüenza e indignación, ya que todo el engranaje que implica el sistema político-electoral incluye medios de comunicación, banca privada, oenegés “ambientalistas”, algunos sindicatos y gremios. Estamos frente a una estructura circulante asentada en la denominada época democrática, y solo se mantiene el statu quo que irremediablemente nos etiqueta como un Estado clientelar. Mientras tengamos las instituciones subordinadas a los acaparadores de riquezas y no se desvinculen jurídicamente, estaremos bajo su control total.
Tenemos la obligación de reformar el Estado desde su base constitucional a través de una Asamblea Constituyente Originaria y, específicamente, desde la propuesta del Movimiento Independiente Nacionalista (M.I.NA.), que promueve el Foro Constitucional Electoral. Este plantea la erradicación del financiamiento privado a todos los puestos de elección popular, elevando esta —y otras sensatas propuestas— para perfeccionar el título IV de la Constitución Política de la República de Panamá. Solo así podremos aspirar a que ningún futuro presidente de la República responda a ningún sector dominante ni delincuencial, sino, como debe ser, únicamente al pueblo panameño.
¡Acción!
El autor es ciudadano independiente.
