¿Cómo se le ocurre al ministro del MEF pretender que entre 2023 y 2024 haya un incremento en el presupuesto general del Estado de más de $5 mil millones? ¿Están siendo los resultados de 2023, tan positivos como para lograrlo? Veamos.
El primer semestre de 2023 (enero a junio) cerró con números negativos, frente a un déficit de $444.9 millones en ingresos corrientes, en comparación con el presupuesto vigente. A su vez, con relación al ejercicio fiscal del mismo periodo en 2022, los ingresos han caído en $100.3 millones o el equivalente a un 3%.
Vayamos ahora a los ingresos tributarios, los cuales aportan el 78% de los ingresos corrientes del país. En este rubro hay una caída de $345.5 millones, acumulados a junio de 2023, en comparación con lo presupuestado. Mientras que, si comparamos con el mismo periodo del año anterior, la disminución es de $139.1 millones. Pero entonces vienen las excusas o justificaciones, como las que presenta el director de Ingresos, cuando dice que el comportamiento de los bajos ingresos acumulados a junio 2023 son el reflejo de las medidas de extensión del año fiscal 2022, hasta el 13 de enero de 2023, para que los contribuyentes pudieran cancelar obligaciones tributarias. Ingresos que se reflejaron en el 2022, a pesar de que entraron al fisco en 2023, lo cual sacrifica la recaudación de 2023, influyendo en el déficit observado hasta junio.
Lo que no dice el director de la DGI es que esa treta, argucia o maraña de extender el año fiscal 2022 fue para que el gobierno pudiera cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal que les permitía un déficit de hasta el 4% en ese año, porque de no hacerlo, superaba ese porcentaje e incumplía la ley fiscal de 2022.
Entonces tuvieron que hacer trampa. Una celada que está perjudicando los números, según ellos, en 2023. Algo que sabían que sucedería, pero no les importó, porque era la única forma de cumplir con el déficit del 4% en 2022. Y ahora, por mera conveniencia, tratan de justificar el bajo nivel de ingresos en 2023 frente a un acto fullero ejercido por ellos mismos.
Pero hay un consuelo para el director de Ingresos y es que, en junio 2023, la recaudación aumentó en $147 millones o un 22% en comparación con junio 2022. Y este solo hecho positivo parece convencer a los genios de las finanzas públicas del gobierno, cuando consideran que había que alzar los ingresos corrientes en el presupuesto de 2024 a $19,889 millones o un 8% más de lo calculado en 2023.
El incremento en el presupuesto de 2024 sobre el de 2023 es de $5,170 millones. Esto va a traer, sin ninguna duda, un aumento considerable en el déficit fiscal, cuando los ingresos no alcancen para cubrir los gastos que pretenden materializar en un año electoral, en el que procuran cumplir con el 2% de déficit que establece la ley para 2024. Craso error.
Si para 2022, además del embuste de tener que extender el año fiscal hasta el 13 de enero de 2023, tuvieron que postergar el pago de intereses de deuda por $364 millones para cumplir con el déficit del 4% del PIB, ¿qué harán en 2024? La respuesta es nada, porque ese déficit lo tendrá que cargar el próximo gobierno.
Y en lo que respecta al cumplimiento del tope del 3% de déficit en el 2023, vendrán con otra brujería costosa, como retardar el pago de más intereses de deuda (si es que el ejercicio contable todavía lo permite), para cumplir la ley de responsabilidad social fiscal al precio que sea. Y como están de salida, harán lo que esté a su alcance para fumigarse el dinero público.
Tenemos un presupuesto con ingresos inflados, que no va a poder afrontar los aumentos de cada entidad beneficiada, porque lo probable es que ese dinero no exista. Y ante la mala experiencia de ejecución en inversiones en educación, infraestructura pública, justicia, salud y demás, con años de estar esperando la terminación de obras en estos sectores, lo que van a hacer es transferir esos fondos para gastos de funcionamiento en pleno periodo electoral.
Entonces entrará a jugar su rol la nefasta Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para trasladar partidas a donde más convenga electoralmente. Y de ese modo los gastos de inversión se convertirán en gastos de funcionamiento, como lo hicieron con la descentralización. Terminarán, por consiguiente, ejecutando al 100% la mitad del presupuesto del periodo presidencial que les toca, dejándole migajas al próximo gobierno en los seis meses restantes, obligándolo a hacer malabarismos financieros para sobrevivir ese año.
Podemos tener el mejor crecimiento económico de la región. De hecho, lo hemos tenido en los últimos 75 años con un promedio de crecimiento de 5% anual. Pero a pesar de esto, se mantiene la pobreza, la falta de servicios públicos, el desempleo, el subempleo, la desigualdad y ni hablar de la crisis espantosa de la Caja de Seguro Social. Todo esto debido a la pésima gestión de un gobierno corrupto, ineficiente y clientelista. El problema de Panamá no es la falta de recursos sino la gestión de gobierno. Y parte de esa mala gestión es la creación de presupuestos artificialmente abultados, como los presentados en este quinquenio.
Finalmente, el problema no es el modelo económico de economía abierta, competitividad y libre mercado. El problema es la ineficacia gubernamental, la burocracia, la falta de transparencia y la débil institucionalidad para elevar la educación, la salud, los servicios públicos y las ciencias, así como fortalecer una justicia que camina descalza ante la selectividad y la impunidad.
El autor es abogado
