La propuesta de gravar los préstamos y otros activos bancarios puede tener efectos negativos, especialmente sobre los bancos más pequeños. Estos bancos, al no contar con los recursos que tienen las instituciones más grandes, enfrentan dificultades para cumplir con las regulaciones y las normativas que requieren personal especializado y costoso, como los oficiales de cumplimiento. Esto podría generar un impacto significativo en sus costos operativos, lo que a su vez podría afectar su capacidad para ofrecer préstamos accesibles a la población.
Además, si las tasas y regulaciones se vuelven más estrictas, es probable que los bancos pequeños, al no poder cubrir esos costos adicionales, se vean obligados a reducir sus servicios o incluso a salir del mercado, lo que generaría menos competencia y podría afectar a los consumidores, particularmente a los de sectores más vulnerables.
Por otro lado, el sector bancario tiene que encontrar un balance entre la regulación adecuada para evitar riesgos financieros y la necesidad de asegurar que los bancos pequeños puedan seguir operando de manera sostenible. Es crucial que las políticas se diseñen de forma que no perjudiquen la oferta de servicios financieros en áreas donde los bancos grandes no tienen presencia o donde los costos para los consumidores son más bajos.
Sería importante que se consideren alternativas que faciliten la adaptación de los bancos pequeños a las nuevas normativas sin que tengan que asumir costos insostenibles. Por ejemplo, medidas como subsidios para el cumplimiento de normativas o incentivos para la adopción de tecnologías de cumplimiento podrían ser útiles para mitigar los efectos negativos.
El autor es abogado.
