La implementación del sistema penal acusatorio (SPA), constituye una de las tareas más relevantes que ha afrontado el sistema de administración de justicia en la última década, con miras a su modernización dirigida hacia los modelos de investigación, litigación y juzgamiento de causas penales.
En este sistema procesal, el fiscal, la defensa y la víctima tienen igualdad de oportunidades de ser oídas y las decisiones están a cargo de un juez independiente e imparcial; así se busca resolver hechos delictivos en menor tiempo, en el cual existe igualdad de las partes.
Dentro del nuevo SPA, encontramos la ley que se creó para reducir el hacinamiento carcelario, modificando el sistema de casación penal, mejorando el régimen de incentivos que aplican las medidas educativas y laborales para los privados de libertad, y modernizó el sistema de extradición.
Refiriéndome específicamente al hacinamiento carcelario, con este nuevo sistema se les permite a los privados de libertad llegar a acuerdos de penas. Recordemos que bajo el SPA, la cárcel no es la única vía para resolver un caso penal. Se establecieron medios alternos de solución de conflictos, y además, opciones distintas a las penas de prisión, tales como el servicio comunitario, y el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios a las víctimas de algunos delitos.
Se esperaba que aproximadamente 10 mil personas detenidas, se beneficiarían con este tipo de medida. Pero a pesar de que ha habido una mayor rapidez en el tratamiento y resolución de los casos delictivos, existe una preocupación que radica en que aún a la fecha hay muchos casos pendientes de privados de libertad que no se les ha enjuiciado y no tienen condena, y fueron manejados bajo el sistema inquisitivo (sistema anterior). Esto demuestra que la justicia panameña no tiene la capacidad y los recursos para funcionar plenamente y que el trasplante de un nuevo sistema de juicio, no se realizó de la forma adecuada. ¿Será que no se realizó un estudio, una priorización y no se delimitó la fecha de finalización de los casos abiertos?
Aunque las estadísticas reflejan que si se han disminuido las cantidad de detenidos sin juicio en la cárceles, la realidad demuestra que a Panamá, aún le falta arquitectura institucional para darle seguimiento a todos estos casos.
La autora es licenciada en logística.