El anuncio de la administración Trump sobre la reevaluación de toda la ayuda humanitaria ha sido una desagradable sorpresa, ya que ha detenido lo planificado y acordado en materia de salud preventiva. Es su dinero, y no tengo por qué molestarme si esta decisión responde a su electorado. Sin embargo, como activista con más de treinta años en la prevención del VIH, hay una historia importante que contar sobre Panamá, sus autoridades de salud y los profundos prejuicios hacia la población LGBTIQ. Lamento decirlo: también es una historia de corrupción.
Panamá es signatario de la Declaración de Compromisos en la Lucha contra el SIDA (UNGASS, 2001), del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y del compromiso de Acceso Universal a la prevención y tratamiento del VIH, con el propósito de prevenir, controlar y erradicar las ITS/VIH/SIDA.
Gracias a la gestión de la Agencia de las Naciones Unidas contra el Sida (ONUSIDA) y el Proyecto Acción Sida para Centroamérica (PASCA), la administración de Mireya Moscoso promulgó la Ley 3 de 5 de enero de 2000, declarando las Infecciones de Transmisión Sexual, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida como un problema de Estado y de interés nacional. En 2001, su reglamentación llevó a la creación de la Comisión Nacional contra el SIDA (CONASIDA), encargada de fortalecer la prevención del VIH y garantizar el acceso a la terapia retroviral. Para asegurar un vínculo directo con el poder político, se estableció que la comisión estaría presidida por la primera dama de turno. En este marco, Vivian Fernández de Torrijos, Marta Linares de Martinelli y Lorena Castillo de Varela asumieron el reto y apoyaron a la sociedad civil.
Durante la administración de Juan Carlos Varela, la comisión fue reactivada como Comisión Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana (CONAVIH), con el objetivo de coordinar acciones intersectoriales entre el sector público, la sociedad civil organizada y la empresa privada para prevenir y controlar la epidemia del VIH/SIDA en Panamá.
En 2005, con la convocatoria de financiación del Fondo Mundial contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (un banco con sede en Ginebra, Suiza, financiado por el G8), las agencias de cooperación, la sociedad civil y el Ministerio de Salud articularon esfuerzos para presentar una propuesta integral en beneficio de las poblaciones más vulnerables: hombres gais, hombres que tienen sexo con hombres (HSH), trabajadoras sexuales y mujeres trans. Sin embargo, Panamá, por su estatus de país de renta media alta, no calificaba para recibir estos fondos, lo que obligó a prometer metas poco realistas.
Entre 2003 y 2018, el Fondo Mundial desembolsó más de once millones de dólares para apoyar la respuesta de Panamá al VIH, pero menos del 5% de estos recursos se destinaron a la sociedad civil y a programas dirigidos a nuestra población. A pesar de ello, el país se comprometió a crear un esquema de financiamiento llamado Contratación Social, garantizando recursos para las organizaciones que demostraran efectividad y transparencia en su labor. Este mecanismo debía asegurar la sostenibilidad de la respuesta nacional. Sin embargo, bajo la administración de Laurentino Cortizo, la primera dama dejó claro que el tema no le interesaba, y los fondos para la Contratación Social desaparecieron sin explicación alguna.
Hoy, después de ocho meses de gobierno, seguimos esperando una respuesta de la administración de José Raúl Mulino y del Ministerio de Salud a la solicitud de reunión presentada por la sociedad civil. Como hombre gay, pregunto: ¿dónde están las acciones del MINSA para orientar a miles de mis pares, ahora que se han retirado los programas de prevención financiados por PEPFAR y USAID? No podemos tolerar el mismo silencio que vivimos cuando las restricciones de movilidad por género durante la crisis de COVID generaron miedo e incertidumbre en la población trans. Tampoco podemos aceptar la falta de respuesta ante la crisis del MPOX, que solo logró acceso a vacunas gracias a la presión de la sociedad civil. Ahora, además, está en riesgo la estrategia de PreP y el acceso gratuito a pruebas de VIH.
¡Necesitamos hablar y ser escuchados! Sin nuestra participación, no hay una respuesta integral.
El autor es activista LGBTIQ/Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá/Miembro de CONAVIH
