Las normas legales vigentes en Panamá establecen como días feriados de descanso obligatorio en todo el ámbito nacional el 1 y 9 de enero, el martes de carnaval, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 3, 5, 10 y 28 de noviembre y el 8, 20 y 25 de diciembre. Similarmente, otros días libres de alcance distrital o regional, que son consecuencia de la potestad de gobiernos municipales para establecer días libres en los distritos. En todo el país, los empleados del sector público y del sector privado no trabajan; “descansan obligatoriamente” 14 días.
El descanso obligatorio conlleva varios elementos aberrantes y lesivos a los intereses del conjunto de nuestra sociedad.
En primer lugar, somos objeto del gigantesco engaño y autoengaño de pensar que la numerosa cantidad de días libres en el ámbito nacional y local contribuye a exaltar los valores cívicos, morales y de los individuos y la colectividad. En verdad, la mayoría abrumadora de la población panameña desconoce el significado de los eventos que durante años se ha pretendido honrar y ve en ellos, más bien, la oportunidad de un descanso, paseo o diversión. Es, por lo tanto, un costoso despilfarro y un generalizado autoengaño e hipocresía social hacer ver o creer que los días libres con “descanso obligatorio” remunerado son la forma adecuada de participar en la exaltación de valores y de la compenetración de la población con ellos.
Otro concepto distorsionado, producto del interés politiquero y clientelista y de la perversión de dar a la población circo y pan a costo ajeno, es aquello de “descanso obligatorio”, que más bien se refiere a las jornadas laborales normales y contractuales durante un periodo laboral en el transcurso de un año u otro período de tiempo, que son compensadas con las vacaciones remuneradas, aspectos de los cuales se ocupa con seriedad nuestra legislación laboral.
Además, muy pocos se preguntan el costo- ¿quién los paga?- y qué reales beneficios cívicos, morales o económicos produce esta holganza remunerada.
Podemos enumerar algunas de las consecuencias económicas, morales y sociales de la abundancia injustificada de días libres con “descanso obligatorio” remunerado en Panamá: pérdida de los servicios públicos que necesita la población y a los que tiene derecho todos los días; despilfarro de recursos públicos y privados por pagos que no se basan en un trabajo efectivamente prestado; transferencia de estos costos a los usuarios públicos y privados; deterioro del valor moral según el cual una remuneración debe estar basada en un trabajo o servicio efectivamente prestado; transferencia discriminatoria de costo a sectores de la población que no comparten determinados beneficios regionales o valores religiosos; asignación corrupta de fondos públicos según valores personales o subjetivos, por parte de diputados, concejales y otras autoridades, sectores de la comunidad que se acostumbran a depender de fondos públicos en vez del esfuerzo comunitario para desarrollar sus actividades; pérdida del verdadero significado de una fecha cívica o moral como acción permanente de todos los días, e información real sobre salarios de los trabajadores desvirtuada, que entorpece implícitamente la negociación de salarios mínimos por actividades o sectores y que perjudican la competitividad del país para las inversiones foráneas.
Consecuentemente, deben eliminarse todos los días feriados de “descanso obligatorio” con excepción del 3 de noviembre. De manera similar, días libres en ámbito distrital o regional, dejando sin efecto la facultad de gobiernos municipales para establecer días libres en los distritos. Sin embargo, debe ofrecerse la oportunidad a todos los ciudadanos que estén seriamente interesados en participar activamente en la conmemoración de hechos históricos, familiares, religiosos, carnavalescos o de otro tipo, de ambiente nacional o regional, de hacerlo voluntariamente a su costo.
Para ello puede establecerse una norma legal sobre días feriados voluntarios no remunerados, que permita al empleado tener la oportunidad y hacer uso de la fecha de interés, dentro de un cuadro de fechas de valor histórico, religioso o de otra naturaleza reconocida, mediante un arreglo con su empleador para la ausencia de labores y el descuento del salario del día no trabajado. Se aprecia más aquello por lo que tiene que pagarse.
Esta es solo una parte del problema. No se trata de, en resumen, eliminar costos para el Estado y las empresas que finalmente recaen sobre los consumidores y los contribuyentes. La supresión de los 14 y más días feriados innecesarios no es un fin en sí mismo, sino la base o fundamento para proponer la adopción de un programa permanente, sistemático y generalizado de valores cívicos, morales, políticos y culturales, como conjunto de enseñanzas y actividades que deban llevar coordinadamente los órganos educativos, medios de información y otros elementos de los sectores público y privado hacia toda la población.
¿Cuán viables de cumplir son estas propuestas? Depende de la calidad moral y administrativa del Gobierno que conduzca el país. Si se trata de uno cuyos personeros tengan por misión reelegirse intermitentemente para seguir saqueando el erario, le sería enorme e insoportable el costo politiquero, entendido como la de pérdida electoral para seguirse reeligiéndose. De otro lado una conducción gubernamental seria y responsable de emprender la tarea de revisar y corregir esa situación traería a la Nación los inconmensurables beneficios de rescatar y construir el respeto sí mismo y a sus valores preclaros, y de poner a disposición del Gobierno y los ciudadanos miles de millones de balboas, que ahora le son substraídos improductivamente, con qué hacer frente a sus respectivas necesidades de consumo y las obligaciones de atender los deberes del sector público.
Para llevar este plan de manera permanente, sistemática y profunda se necesita que todos (gobierno y gobernados) pongamos nuestras mentes, brazos, corazones, voluntad y empeño en este cometido trascendental de construcción verdadera y seria de nuestros valores históricos, cívicos y morales.
