Como seres humanos nos encontramos en constante interrelación con el entorno. Vivimos cada vez más preocupados por la protección del medio ambiente, seguimos creciendo como población, el impacto que generamos es cada día mayor y tenemos más riesgos de absorber desperdicios contaminantes del aire, del agua de las lluvias, de desechos sólidos y tóxicos que sin ningún tipo de control y responsabilidad arrojamos a nuestro suelo, estos pueden afectar la salud, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas.
Fortalecer, crear e implementar políticas de control sobre la contaminación debe ser responsabilidad de un Estado que se preocupe por la gravedad, los efectos y daños que se pueden causar en el ecosistema. A la ciudadanía en general se le debe asignar un papel muy importante en relación con este problema. No se trata solo de una simple convicción de llevar o adoptar un estilo de vida compatible con la protección del medio ambiente, ya que se trata de un fenómeno más complejo, como la comprensión de las causas y efectos del problema. Se debe promover la participación de todos en la toma de decisiones sobre las acciones a desarrollar para el logro de una calidad en un ambiente socialmente aceptable, la conciencia ciudadana resulta imprescindible para promover dicha participación y asegurar así el éxito de las políticas de protección.
Panamá ha tenido un alto crecimiento económico en los últimos años, con un gran impacto sobre el ambiente. Los intentos de las diversas políticas ambientales no son eficaces ni eficientes, porque se busca el crecimiento económico primero y luego la protección ambiental. El costo para solucionar el problema puede ser mucho mayor que la ganancia económica de la inversión realizada.
Por este motivo, en Panamá se han tomado medidas para proteger a la población sobre los efectos de la contaminación. Desde el año 2005 la contaminación de las fuentes de agua y deforestación constituyen delitos, los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento se caracterizan por sus altos niveles de calidad en comparación con otros países de América Latina. Otro ejemplo es que se sanciona a los constructores que incumplan con los estudios de impacto ambiental.
En 2006, se aprobó la Ley 9 que prohíbe el “aleteo” de tiburones en las aguas de Panamá, una práctica de la industria pesquera que implica cortar la aleta del animal y devolver el resto del cuerpo al océano. Quienes incumplan y violenten estas normas tendrán que pagar desde grandes multas hasta llegar a ir a prisión. Me pregunto, ¿tendrán las autoridades toda la capacidad de monitoreo para verificar que esta ley se cumpla?
No solo basta que un Estado invierta tiempo y dinero en la protección del medio ambiente, la efectividad de todas las acciones que garanticen el aprovechamiento correcto de los recursos, la protección sobre el ambiente y que se pueda mitigar la contaminación dependerá en gran parte de la supervisión, el cumplimiento y control que todos como ciudadanos tenemos en la construcción de un país.
El autor es estudiante de maestría en gerencia estratégica en la UIP.