Dijo el vicepresidente de la República que, con transparencia y rendición de cuentas, van a fortalecer el poder popular cuando sea presidente. Pero lo dice mientras siendo vicepresidente, ministro de la Presidencia y ahora candidato de gobierno, no ha cumplido ni cumplió con esa transparencia y rendición de cuentas que tanto pregona por conveniencia electoral.
La descentralización paralela consiste en transferencias de fondos autorizados por la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, en reunión debidamente convocada según las necesidades del Estado panameño, que salen de un programa de inversión social alimentado con recursos del Estado según lo establece el presupuesto general y aprobado por el consejo de gabinete.
Los montos los recibe la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que a su vez los traspasa a los gobiernos locales. El calificativo de “paralela”, se da por ser traslados ajenos al programa de inversión de obras públicas y servicios municipales (Piosm) de $110 mil por corregimiento al año y del impuesto de bien inmueble (IBI) según lo que recoge cada municipio.
El administrador de la AND debe ir personalmente a la comisión de presupuesto para solicitar el traslado de partida y sustentar el requerimiento en función de proyectos aprobados por cada junta comunal.
Lamentablemente no solamente la aprobación de estas transferencias no se sustenta, sino que ni siquiera en las actas de la comisión de presupuesto aparecen estas solicitudes en el orden del día ni consta la participación del administrador de la AND. Es decir, la ilegalidad inicia con los propios traslados del MEF a la AND, cuando estos se realizan sin haberse cumplido los requisitos respectivos en la comisión de presupuesto y a su vez, el MEF no hace la revisión correspondiente.
Lo explica con claridad el diputado Juan Diego Vásquez, quien además ha presentado un recurso de nulidad en julio de 2023, ante la Sala Tercera de la Corte, contra un traslado de partida por $7.5 millones que se realizó sin cumplir los requisitos mínimos. Y no ha interpuesto más recursos porque la comisión de presupuesto de la que él forma parte, no le entrega copias autenticadas del resto de las actas de dicha comisión, por las que se aprobaron estos traslados.
El 14 de junio de 2023, el contralor de la República publicó una circular afirmando la obligatoriedad de las juntas comunales en presentar un informe de rendición de cuentas, sobre el manejo y uso de los recursos asignados desde 2020 hasta el 2023. Lo cual incumple la Resolución 1810-2020-DNMySC de 14 de diciembre de 2020, que crea dentro de la Contraloría la Subdirección Nacional de Rendición de Cuentas, según la cual los trabajos de dirección, evaluación, planificación y audito basados en los informes de rendición de cuentas recibidos de las entidades del sector público, son anuales.
Lo que significa que el contralor no llevó a cabo esta labor los años 2020, 2021 y 2022, por tratarse de una responsabilidad a ejercer cada año. El contralor agrega la afirmación sospechosa de que sólo auditaría a las juntas comunales, y no los fondos transferidos desde el MEF hasta la ANC ni de esta a las juntas comunales. Aprovechando, claro está, que mediante la Ley 351 de 2022, cuya solicitud de inconstitucionalidad está pendiente de decisión ante el pleno de la Corte, desde hace más de 7 meses, el contralor podrá aprobar, cerrar o archivar los informes de auditoría “según su criterio corresponda”, es decir, cuando le dé la gana.
Supuestamente los informes de las juntas comunales han debido ser entregados, los del 2020 el 14 de octubre de 2023, los de 2021 y 2022 el 14 de septiembre de 2023 y los del 2023 desde aquella fecha en que se publicó la circular aquel 14 de junio, el 14 de julio de 2023. Pero hoy los ciudadanos no sabemos si los informes fueron entregados por las juntas comunales a la Contraloría y si de haberlo hecho, esta ha realizado su trabajo de control y de fiscalización, por lo menos de lo entregado por las juntas comunales.
En síntesis, la comisión de presupuesto no entrega copias de las actas que aprobaron estos traslados de partidas paralelas para apoyar la descentralización, cuando en sólo una de las encontradas no se cumplieron los requisitos necesarios para hacer un traslado de $7.5 millones, hoy objeto de un recurso de nulidad en la Sala Tercera; el contralor no ha investigado los traslados realizados desde el MEF hasta la AND ni los de la AND a las juntas comunales, siendo su labor, entre otras, exigir esas actas que no le entregan al diputado Vásquez para comprobar que se cumplieron los pasos exigidos por la ley; el contralor tampoco ha dado a conocer a estas alturas, si estos traslados cumplieron los parámetros que consisten de parte de las juntas comunales enviar el requerimiento sustentado y explicado a la AND, ni la definición y coordinación de esta en el envío de fondos a cada gobierno local; tampoco se conoce si hubo descripción de cada proyecto por parte de los gobierno locales que se favorecieron e impulsaron y que la transferencia de fondos se haya realizado en función de los proyectos aprobados por cada junta comunal.
Estos son los cuestionamientos qué hay que hacerles a los responsables de una de las posibles estafas más grandes a los fondos públicos del Estado panameño desde que somos república, que involucra desde el Ministro del MEF, los ministros de la Presidencia y el administrador de la AND, hasta el contralor de la República y los diputados miembros de la comisión de presupuesto. Toda una aparente asociación ilícita para delinquir, en las propias narices de los más pobres y necesitados, quienes no ven un ápice en sus comunidades de los supuestos millones entregados, ni los ciudadanos sabemos del paradero de los mismos.
El autor es abogado
