El terremoto del 9 de octubre sacudió también la imagen que tenemos de nuestro país. Para muchos, el Panamá de los rascacielos, el metro, el Canal y las autopistas parece ser el único que existe. Sin embargo, esa imagen convive con otro Panamá, severamente golpeado por la naturaleza y abandonado durante demasiado tiempo.

Una vulnerabilidad que ya existía

Para una parte de la población urbana, las imágenes de viviendas derrumbadas, de familias viviendo y durmiendo a la intemperie bajo la lluvia, en carpas y sobre el lodo, la tierra o la hierba, así como las de comunidades de difícil acceso, hicieron visible una realidad que hasta entonces muchos conocían principalmente a través de las estadísticas.

Pero esa pobreza ya estaba allí antes de que se moviera la tierra. La calamidad actual consiste también en el riesgo de que se profundice y de que otros hogares, que hasta entonces habían logrado sostenerse, caigan en ella.

El reportaje de Ohigginis Arcia Jaramillo, publicado en La Prensa el 24 de octubre, documenta las condiciones previas al desastre. Registra índices de pobreza multidimensional del 19,6 % en Macaracas, del 16,5 % en Tonosí y del 27,9 % en Los Pozos, vinculados con carencias en vivienda, educación, trabajo, salud y medio ambiente. Aunque estas cifras no equivalen necesariamente a pobreza extrema por ingresos, evidencian la vulnerabilidad de muchas familias.

Según el Sinaproc, la emergencia también afectó a Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, con daños en viviendas, centros educativos, instalaciones sanitarias y sistemas de agua. La respuesta debe considerar especialmente a las comunidades rurales e indígenas, cuyo aislamiento puede dificultar la evaluación y la asistencia.

La respuesta inmediata y la coordinación

Las estadísticas ya reflejaban parte de esta realidad, pero no han generado suficiente voluntad política ni social para proteger a los grupos vulnerables. Los promedios positivos han ocultado problemas persistentes.

La respuesta exige proteger vidas, ofrecer alojamiento, restablecer el agua y la atención sanitaria, evaluar edificios y reparar caminos. Aunque funcionarios, rescatistas, personal sanitario, voluntarios y la ciudadanía han realizado un esfuerzo significativo, este solo será eficaz con coordinación y respaldo adecuados.

Por eso, la coordinación es fundamental. El marco institucional asigna al Centro de Operaciones de Emergencias, adscrito al Sinaproc, la articulación de las entidades que responden a los desastres. Los ministerios, la Secretaría de Metas, el Despacho de la Primera Dama y otras instancias pueden aportar recursos y capacidad operativa, pero su eficacia requiere un mando único y responsabilidades claras. Esto ayuda a evitar confusiones, duplicaciones y comunidades desatendidas.

La ciudadanía debe saber quién establece las prioridades, coordina la distribución y responde por las comunidades pendientes de atención. La participación de numerosos actores no implica necesariamente descoordinación, pero el Gobierno debe explicar y hacer verificable cómo integra sus acciones.

Sin coordinación, los esfuerzos se dispersan, la ayuda pierde eficacia y persisten necesidades insatisfechas. Las entregas y obras no bastan si las familias no recuperan su capacidad de sostenerse. Por ello, coordinar eficazmente es indispensable para evitar que el desastre agrave la pobreza existente y afecte a más hogares.

La ayuda no debe politizarse

Si la descoordinación se acompaña de intereses político-electorales de diferentes aspirantes a cargos, y si alguno de ellos es percibido como un delfín para las próximas elecciones, la competencia de quienes no son o no se sienten los elegidos puede trastocar el objetivo de aliviar la situación de miles de personas que hoy sufren y no están pensando en las elecciones de 2029.

Toda utilización partidista de la asistencia debilita la confianza. La ayuda debe distribuirse de acuerdo con el daño y la vulnerabilidad, respetando la dignidad de quienes la reciben. En los territorios indígenas, las decisiones deben incorporar a sus autoridades y comunidades, así como tener en cuenta sus condiciones geográficas y sus formas de organización.

El riesgo de una pobreza más profunda

Si no se atienden esas urgencias, puede avanzar un deterioro económico familiar que todavía no aparece suficientemente reflejado en los balances públicos.

Por falta de coordinación, miles de personas desatendidas pueden perder parte de su vivienda, una cosecha y varias semanas de ingresos al mismo tiempo. También pueden asumir gastos adicionales de transporte, alimentación o alojamiento y comenzar a comprar fiado. Después, quizá se vean obligadas a vender animales, herramientas o materiales para resolver lo inmediato. Cuando finalmente reciban una solución habitacional, productiva, sanitaria o educativa, tal vez ya hayan perdido los medios con los que trabajaban.

Desde el punto de vista sanitario, no resolver cuanto antes las malas condiciones ambientales en que se encuentran los damnificados, la falta de agua potable y de alimentación adecuada —con la consiguiente desnutrición y baja de las defensas— y la ausencia de otros servicios básicos crea las condiciones para que se desencadene un cuadro infeccioso epidémico que oscurezca aún más el futuro de los panameños afectados.

Solidaridad, transparencia y recuperación

La solidaridad ciudadana merece reconocimiento. También necesita información que permita orientar los esfuerzos hacia los lugares donde más se necesitan. De lo contrario, existe el riesgo de que las comunidades accesibles o visibles reciban entregas repetidas mientras otras permanezcan relegadas. El Estado debe facilitar esa colaboración mediante un registro público de necesidades, ayuda recibida y tareas pendientes, protegiendo la privacidad de las familias.

La recuperación exige financiación sostenida, ya sea local o regional, responsabilidades institucionales y seguimiento. Habrá que medir cuántas viviendas vuelven a ser habitables, qué servicios se restablecen, cuántos niños regresan a clase y cuántos hogares recuperan sus ingresos. Las toneladas distribuidas y las obras ejecutadas forman parte del esfuerzo, pero el resultado debe comprobarse en la vida de las personas.

El terremoto expuso una vulnerabilidad que Panamá conocía y no había resuelto. La obligación que tenemos por delante es impedir que esa fragilidad se agrave durante años. El éxito de la respuesta se medirá por cuántas familias consigamos proteger de una pobreza más profunda y duradera.

El autor es neurocirujano.