«Abrir para cerrar» no es una expresión nueva. Fue utilizada por el presidente de la República en su discurso de toma de posesión de julio de 2024 para referirse a una posible salida de la situación de Cobre Panamá. Hoy, el informe de la Comisión Interministerial le da contenido a esa posibilidad: una eventual puesta en marcha que permita generar los recursos necesarios para financiar un cierre ordenado, progresivo, seguro y sin costo para el Estado.

Pero esta fórmula abre otra pregunta: ¿cuánto habría que operar para cerrar?

El informe no determina cuánto mineral sería necesario extraer, durante cuánto tiempo podría operar la mina ni bajo qué figura jurídica se realizaría esa eventual puesta en marcha. Esas definiciones quedan pendientes.

Y allí cambia la dimensión del problema.

Si para cerrar responsablemente Cobre Panamá debemos volver a extraer cobre, la decisión deja de referirse exclusivamente a cómo resolvemos las consecuencias de una mina que cerró abruptamente en 2023. Comenzamos también a tomar decisiones sobre explotación minera futura.

Cuando determinemos cuánto y durante cuánto tiempo habrá que explotar, ya estaremos tomando decisiones de política minera, aunque las llamemos decisiones de cierre.

Durante los últimos años hemos discutido el contrato, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, la moratoria minera, los arbitrajes internacionales, el impacto ambiental, el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales y las consecuencias económicas del cierre. Ahora nos corresponde discutir una eventual negociación y las condiciones bajo las cuales podría ponerse nuevamente en marcha la operación.

Cada uno de esos asuntos requiere respuestas técnicas, jurídicas, económicas, ambientales y sociales. Pero la suma de esas respuestas no necesariamente contesta una pregunta anterior: ¿qué política quiere tener Panamá respecto del desarrollo de sus recursos minerales?

La pregunta tampoco es nueva. Desde distintos sectores se ha reclamado la definición de una política minera nacional. Lo que ha cambiado es la urgencia de responderla. Cobre Panamá puede obligarnos a hacerlo.

Quienes observan al país desde los mercados necesitan saber qué ocurrirá con la mina, cuál podría ser el mecanismo jurídico para una eventual puesta en marcha, cuánto demorará una decisión y cuáles son los riesgos económicos, jurídicos y sociales del proceso. Son preguntas legítimas. Panamá necesita ofrecer previsibilidad y seguridad si aspira a generar confianza para la inversión.

Pero, para Panamá, la pregunta tiene un horizonte mayor. Mientras los mercados necesitan anticipar qué puede ocurrir en los próximos meses, Panamá debe decidir qué quiere construir durante las próximas décadas para las siguientes generaciones.

El cobre bajo nuestro suelo es un activo nacional y un recurso no renovable. La discusión, por tanto, no puede agotarse en cuánto vale extraerlo, cuánto empleo genera o cuánto ingreso produce mientras la mina opera.

Hay una pregunta de fondo: ¿qué necesita Panamá para justificar su explotación?

Esa pregunta debió preceder muchas de las decisiones que nos trajeron hasta aquí. Hoy tenemos la necesidad de incorporarla a las decisiones que siguen.

La urgencia de resolver Cobre Panamá no debería llevarnos a invertir el orden de las preguntas. La solución inmediata y la definición de una visión estratégica a largo plazo deben construirse simultáneamente. Las decisiones que adoptemos hoy deberían responder no solo a las necesidades del sitio minero, sino también a lo que Panamá espera obtener del aprovechamiento de sus recursos minerales.

De lo contrario, la negociación sobre Cobre Panamá puede terminar definiendo, por sí sola, una política minera que el país no ha construido deliberadamente.

Y el orden importa. Porque, si decidimos transformar un recurso mineral que se agota en riqueza económica, hay que responder una segunda pregunta: ¿qué debe quedar en Panamá cuando el cobre ya no esté?

La autora es abogada, fue ministra de Desarrollo Social (2005-2009) y embajadora de Panamá ante la OEA (2019-2024).