Es asombroso hasta dónde llegó la codicia en el corazón de los asesores durante la crisis por la covid-19. Una sociedad que explota al prójimo para conseguir una ganancia económica en tiempos de crisis no es una buena sociedad. La codicia es un vicio que el Estado panameño debe desalentar, lo que motivó a la ciudadanía a ejercer el derecho al sufragio y tomar la justicia en sus manos con un histórico 94% de rechazo a quienes gobernaron durante la pandemia.
Mientras los vecinos compartíamos plátanos y huevos, nuestros gobernantes pedían préstamos en nuestro nombre para cirugías bariátricas no prioritarias de los miembros de su colectivo.
La indignación es un tipo especial de ira que el panameño siente cuando alguien obtiene lo que no se merece. Tal indignación es ira contra la injusticia. El uso del erario público con un chantaje beligerante por la comisión de presupuesto, trae a discusión las virtudes y el honor de las consultorías pagadas o de los asesores que nos rigieron.
Usemos la sabiduría de los cuentos de tío conejo para dilucidar mejor el fenómeno: Tío Tapir le preguntó a tío Ñeque en alguna ocasión qué era la «complicidad». El tío Ñeque le recordó cuando tío Gato nombró a la junta directiva y asesores para la construcción de la ciudad veterinaria en Chivo Chivo.
Querido tío Tapir, recuerda cómo tío Conejo era el asesor de obra y director de las prestaciones, y gestionó la compra de dos robots quirúrgicos millonarios que estaban dañados y no se podían usar a la vez. A pesar de las quejas del reino animal, nunca se investigó a nadie porque las denuncias se perdían a puertas cerradas en las negociaciones de las comisiones de la asamblea. Pues complicidad no era tanto silenciar quejas y denuncias, sino llevarse a tío Conejo como asesor del ministerio veterinario para replicar dichas bribonadas, expresó el Ñeque.
El pueblo panameño está feliz por la nueva política comunicacional directa del presidente Mulino y por cómo ha encarnado el sentimiento de indignación del 94% de los panameños para manifestar con su voz los abusos codiciosos al erario público de los cuales fuimos víctimas.
En las discusiones sobre justicia panameña se plantean varios temas: el reparto de los frutos de la prosperidad, los derechos básicos de los ciudadanos o las penalidades en tiempos difíciles, como lo ocurrido en el lustro pasado. El panameño se indignó por el manejo de las licitaciones del seguro y por haber sido víctima de una forma de revolución bolivariana moderna.
Tal vez el tema de no investigar las compras y gestiones previas y de reciclar asesores no es que recompensan la codicia, sino que premian el fracaso y a quienes nos tienen con un desabastecimiento crítico de insumos médico-quirúrgicos y medicinas. Premiar el fracaso reciclando a los asesores es la raíz más profunda de la discordancia y la actual indignación del panameño.
Presentar una denuncia de corrupción en el país es convertirse en un ciudadano más vulnerable. ¿Qué es lo que no puede pasar? Detener denuncias para no iniciar una persecución política, ya que el pueblo interpretaría que se está protegiendo a los asesores previos. La protección es al mismo tiempo el objetivo y la consecuencia de una acción.
El pueblo panameño es víctima y no debe ser la ciudadanía la responsable de buscar su reparación. Importa dónde y cuándo oímos la queja, para que la evidencia sea presentada correctamente y dicha queja se convierta en una denuncia que prospere. Históricamente, cuando el pueblo se involucra en una denuncia, termina enterándose de cosas no tan agradables.
Ojalá la justicia panameña escuche las quejas del pueblo, porque la sensación de hacer mucho y lograr poco genera frustración en la población y restringe la confianza en proyectos prioritarios como nación. Esperemos que no existan cláusulas mordaza en la transición del seguro social.
El autor es médico sub especialista.
