Resulta sumamente preocupante, y así lo vivimos quienes formamos parte de los comercios afectados, que el Estado panameño mantenga obligaciones pendientes que superan los $30 millones con comercios locales, vinculadas al mecanismo mediante el cual se materializa el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). Los comercios que, actuando de buena fe y confiando en los mecanismos establecidos por el propio Estado, cumplimos nuestra parte y entregamos bienes a los beneficiarios, lo hicimos bajo la legítima expectativa de recibir oportunamente los fondos correspondientes.

El PASE-U, que en 2020 sustituyó a la antigua Beca Universal, es una asistencia económica destinada a estudiantes para contribuir a su permanencia en el sistema educativo y atender necesidades asociadas a su educación y bienestar. A través de la Beca Digital, el beneficio es acreditado al estudiante y utilizado en comercios autorizados para adquirir bienes contemplados por el programa. Posteriormente, los establecimientos presentan los consumos realizados para que el Estado efectúe el correspondiente reembolso.

El problema surge cuando comercios que actuaron de buena fe, entregaron los bienes, atendieron a los beneficiarios y cumplieron los procedimientos establecidos permanecen esperando su pago. En octubre de 2024, el propio Ifarhu reportó obligaciones por $34 millones con comercios relacionadas con este mecanismo, señalando que correspondían a cuentas pendientes acumuladas tras el cambio del sistema de pago de cheques a la acreditación mediante cédula. Este pasivo debe ser conciliado, desglosado por período y cancelado con absoluta claridad.

Desde la perspectiva de los comercios afectados, esto no es una cifra abstracta ni un simple registro contable. Son empresas que confiaron en el Estado, cumplieron las condiciones establecidas y entregaron bienes de buena fe. Muchos han soportado durante meses o años el costo financiero de una deuda que no generaron y que, en la práctica, han terminado financiando con sus propios recursos.

El perjuicio trasciende las cuentas de cada empresa. Cuando el Estado retiene recursos que legítimamente corresponden a los comercios, afecta su flujo de caja, incrementa sus costos de financiamiento y limita su capacidad para comprar inventario, reinvertir, crecer y generar empleos. Cada balboa que el Estado deja de pagar oportunamente es capital que deja de circular, inversión que puede postergarse y empleo que puede dejar de generarse. La morosidad estatal tiene un efecto multiplicador negativo sobre la economía nacional.

Para quienes hemos cumplido con nuestra parte, resulta difícil entender que el Estado procure cumplir puntualmente sus compromisos con acreedores internacionales mientras proveedores y comercios panameños debemos esperar indefinidamente para cobrar obligaciones legítimamente contraídas por ese mismo Estado.

Panamá debe honrar sus compromisos internacionales, pero la responsabilidad y la credibilidad fiscal no pueden construirse únicamente hacia afuera. La confianza en el Estado también se construye honrando sus compromisos dentro del país, especialmente con quienes invierten, pagan impuestos, generan empleos y contribuyen al desarrollo nacional.

Existe, además, un problema institucional que no puede ignorarse. Cuando los pagos no responden a procedimientos claros, transparentes, verificables y cronológicos, surge la percepción de que cobrar puede depender de contactos o influencias. En ese escenario pueden aparecer supuestos “tramitadores” que ofrecen agilizar pagos que deberían procesarse institucionalmente y sin intermediación.

Independientemente de que cada caso pueda o no constituir un acto de corrupción, permitir siquiera esa percepción es un grave problema institucional. Ningún empresario debería necesitar contactos, influencias, favores políticos ni intermediarios para recibir un dinero que legítimamente le pertenece. Las obligaciones del Estado deben pagarse conforme a criterios objetivos, públicos, cronológicos y auditables.

Por ello, esta situación exige transparencia. El Gobierno debe informar cuánto se adeudaba originalmente a los comercios, cuánto se ha pagado, cuánto permanece pendiente, desde qué períodos se arrastran esas obligaciones y cuál es el calendario para cancelarlas. También debe existir trazabilidad sobre el orden de los pagos, garantizando que ningún proveedor reciba trato preferencial por razones ajenas a criterios legales y administrativos previamente establecidos.

Pagar a los comercios panameños no es hacerles un favor: es cumplir una obligación del Estado. Quienes actuamos de buena fe, confiamos en un programa gubernamental, cumplimos sus reglas y entregamos los bienes correspondientes no podemos terminar convirtiéndonos, involuntariamente, en financiadores del propio Gobierno.

Si Panamá aspira a fortalecer su economía, estimular la inversión, generar empleo y recuperar la confianza en sus instituciones, debe comenzar por una regla elemental: el Estado debe honrar sus compromisos, pagar lo que debe y garantizar que, para cobrarle al Gobierno, no se necesiten contactos, influencias ni intermediarios, sino únicamente el derecho legítimo a recibir el pago.

El autor es ciudadano