Casi nadie en Panamá parece preocuparse por lo que se discutirá a mediados de noviembre en el III Congreso de Tributación Internacional. Y, sin embargo, debería. Esa contradicción es el verdadero punto de partida de este análisis.

La reacción natural frente a un encuentro de tributaristas es la misma que genera cualquier reforma fiscal que no nos toca directamente: ¿esto qué tiene que ver conmigo? En inglés existe una expresión más directa para la misma duda —what’s in it for me?— y conviene tomarla en serio. A primera vista, la discusión técnica sobre sustancia, transparencia o competencia tributaria no altera la rutina inmediata de la mayoría.

Pero hay un detalle que cambia el cálculo. Panamá recibirá en noviembre a Jay Rosengard, coautor —junto al premio nobel Joseph Stiglitz— del manual de referencia sobre economía del sector público. Su aporte más citado no es una fórmula compleja ni un modelo econométrico: es una advertencia incómoda. Antes de defender cualquier política en nombre del “interés público”, hay que decir en voz alta quién gana y quién pierde con ella. No en abstracto. Con sector, con nombre y con cifra.

Esa premisa suena muy razonable en un aula universitaria. Suena distinta en un país donde la política fiscal suele discutirse a puerta cerrada entre gremios, asesores y funcionarios que rara vez coinciden en un mismo salón, y donde identificar públicamente a los beneficiarios y perjudicados de una decisión tributaria es la excepción. Eventos hay muchos y declaraciones institucionales sobran. Lo que escasea es el momento en que alguien, frente a quienes tienen la autoridad de decidir, dice sin eufemismos: esta exoneración beneficia a este sector y le cuesta al fisco esta cifra; esta regla de sustancia protege a esta actividad, pero encarece esta otra.

Ahí radica la verdadera provocación. El valor del debate no está en los conceptos teóricos, sino en el experimento involuntario que propone: ¿qué ocurre cuando la persona que difundió la regla de “diga quién gana y quién pierde” comparte espacio con quienes toman las decisiones, incluyendo al Estado, que conserva el instrumento más determinante de toda la política pública: el presupuesto?

¿Se sostendrá esa conversación con la misma honestidad dentro del salón que fuera de él? ¿O el debate se quedará, como ocurre casi siempre, en generalidades sobre competitividad y atracción de inversión, sin que nadie ponga nombre y apellido al ganador ni al perdedor?

Esta pregunta no es solo para los tributaristas ni para los funcionarios. Cuestiona también al empresario que defiende un régimen especial sin querer que se audite el costo real para el resto de la sociedad, y al ciudadano que exige transparencia en abstracto, pero se incomoda cuando la lupa se posa sobre su propio sector. La tesis de Stiglitz y Rosengard exige una valentía compartida: de quien diseña la política, de quien la analiza y de quien, sin ser especialista, tiene el derecho elemental de preguntar quién está pagando la cuenta de una exención que otro disfruta.

Panamá ya vivió un ensayo reciente de esta tensión con la reforma de sustancia económica aprobada este año: abundante discusión técnica, comunicados institucionales por doquier, pero una conversación pública mínima sobre quién gana con cada condición del nuevo régimen y quién asume su costo administrativo. Noviembre ofrece una segunda oportunidad, con un interlocutor que no tiene incentivos para suavizar el cuestionamiento.

El verdadero reto no es reunir expertos de alto nivel en noviembre. Es ver si Panamá sabrá aprovechar un cruce poco frecuente: juntar en un mismo lugar a quien formuló la pregunta incómoda sobre los ganadores y perdedores de una política fiscal y a quienes tienen el poder de convertir esa propuesta en una política concreta. Vale la pena estar presente, sea cual sea la silla desde la que se escuche.

El autor es abogado tributarista, socio fundador de Herrera-Martínez, exdirector del Departamento Jurídico de la DGI y presidente de Grupo IFA Panamá, organizador del congreso.