Luchamos por la sede de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para que la élite económica mundial vea el desarrollo logrado gracias a políticas de libre mercado. Así lo celebra el libro editado por el FMI, Perú: Manteniéndose en el camino del éxito económico, que circulará entre unos 12 mil visitantes, incluyendo a destacados inversionistas y organismos de cooperación. Cortésmente, la publicación soslaya el minimalismo con que este Gobierno ha aplicado la política que generó ese “éxito económico”, permitiendo que la sobre-regulación socave la competitividad, multiplique la informalidad y desaliente la inversión privada.
Saliendo de la crisis global, nuestros huéspedes se sorprenderán de los valiosos proyectos mineros liquidados por la falsa veneración que la izquierda radical dice profesar por el medio ambiente. ¿Es aceptable que un país privilegiado por yacimientos tan ricos y variados sea presa de una descontrolada violencia antiminera?
Al aborto de Conga y Tía María intentan sumar, precisamente ahora, el congelamiento de Las Bambas –la mina más grande del Perú– mediante una brutal protesta organizada por los mismos subversivos.
El Gobierno los identifica, pero no los detiene ni los acusa. Asesinan policías, amenazan a ciudadanos inocentes, destruyen propiedades privadas y públicas, pero siguen libres para planificar su próxima operación contra la minería. Se dictan estados de excepción, pero no se adopta ninguna medida. Y una trifulca de parlamentarios humalistas acalla a tres ministros que fueron al Congreso a informar sobre los muertos en Las Bambas. Parecía un apoyo inconsciente a la agitación de los “etnocaceristas” y reservistas que nacieron con el “Nacionalismo”.
¿Qué verán los visitantes extranjeros durante su estadía? ¿Un país donde el Estado teme aplicar la ley; donde la parálisis de la autoridad multiplica la inseguridad ciudadana; donde la violencia se legitima como medio de acción política; donde el inversionista duda de la estabilidad de los contratos que firma; donde imponer el orden público no es políticamente correcto; donde la coacción es un arma eficaz para arrancar concesiones y asegurar impunidad?
Ese camino no lleva al éxito sino al caos. Esperemos que las asambleas que se inician se propicien un giro sustancial y decidido en el último tramo de la gestión del Gobierno. El Perú lo necesita.