Inicio estas breves líneas reconociendo el válido sentir de los pacientes y familiares que han sufrido la irreparable pérdida de un ser querido o que viven con secuelas derivadas de la prestación de servicios de salud.
Así como es necesario reconocer lo anterior, con respeto y profunda consideración también debo señalar que ningún profesional de la salud se forma para causar daño a sus pacientes. Todo lo contrario: pone a disposición de ellos todos los medios disponibles para procurar su bienestar. Por ello, se entiende que la prestación de servicios de salud es una responsabilidad de medios y no de resultados.
Como sociedad, debemos comprender que existen riesgos y complicaciones inherentes a la atención médica que, aun cuando se utilicen todos los medios para evitarlos, pueden presentarse y causar daños irreversibles en el paciente.
En este sentido, cada vez que ocurren estos desafortunados eventos, las segundas víctimas son los propios prestadores de servicios de salud, porque ninguno desea que un paciente se complique o fallezca. Estos episodios siempre duelen.
Hago esta reflexión porque, en los últimos meses, se han publicado casos que han generado repudio e irrespeto hacia los profesionales de la salud, al punto de reactivar una iniciativa legislativa de hace más de 10 años que propone, entre otras cosas, crear un tipo penal específico para las muertes y lesiones derivadas de la prestación de servicios médicos.
Ante esta situación, es necesario informar que el ordenamiento jurídico vigente ya permite que los pacientes o familiares presenten sus reclamaciones, de acuerdo con sus pretensiones, a través de procesos civiles, penales, administrativos, deontológicos o mediante métodos alternos de resolución de conflictos. Por tanto, no resulta necesaria la promulgación de una ley que estigmatice la atención médica bajo la premisa de otorgar una seguridad jurídica que ya existe.
Lo que debemos exigir como sociedad es una adecuada planificación en la formación del recurso humano en salud. Muchos profesionales trabajan en extensas jornadas que generan cansancio y, en consecuencia, aumentan el riesgo de errores que pueden afectar a los pacientes.
Además, se requiere una gestión eficiente de los servicios de salud, que asegure que todas las instalaciones —según su clasificación— cuenten con los recursos necesarios para brindar atención con los más altos estándares de seguridad y calidad.
Una ley de mala praxis médica lo único que promoverá es un ambiente de desconfianza que deteriora la relación médico-paciente; no eliminará los riesgos o complicaciones inherentes a la práctica médica ni resolverá la verdadera problemática: la deficiente planificación en la formación del recurso humano y la inadecuada gestión de los servicios de salud.
La autora es abogada y docente de Derecho Médico-Hospitalario.
