A veces, lo más peligroso no es lo que ocurre, ni siquiera la realidad en sí, sino la percepción que la sociedad tiene sobre ella. Por ejemplo, a la mayoría de los panameños no les importa cuál es la calificación crediticia del país ni la pérdida del grado de inversión, sino si su salario les alcanza para llegar a fin de mes.
Partiendo de esta lógica, reflexioné sobre dos teorías. La primera es la falacia de los cristales rotos, planteada por Frédéric Bastiat. La segunda, la teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George Kelling. Bastiat sostiene que es un error pensar que de la destrucción —especialmente de aquello que no debía ser destruido— puede surgir un beneficio. La segunda teoría plantea que los signos visibles de desorden y deterioro generan más caos. Al conectarlas, concluyo que cuando la sociedad percibe que algo está mal y nadie lo corrige, no lo arregla: lo termina de romper, convencida de que así será mejor. Pero no lo es. Esa utilidad es ficticia. No hay ganancia alguna cuando se destruye lo que debíamos sostener.
Traigo esto a colación porque, a mi juicio, eso es lo que ocurre hoy con el sistema de justicia panameño. Existe una percepción generalizada de que la justicia es ineficaz, selectiva e incluso corrupta. Que el sistema está tan dañado que ya nada sorprende ni escandaliza, y que, llegado este punto, nadie pierde si colapsa. Incluso hay quienes creen que el colapso es la única vía para empezar desde cero, con algo nuevo y mejor. Pero ese pensamiento, además de equivocado, es profundamente peligroso.
El sistema de justicia no es perfecto. Pero de ahí a pensar que su derrumbe traerá una oportunidad de mejora hay un abismo que espero no crucemos como país. Solo si rechazamos la falsa promesa de la destrucción como solución, podremos reconstruir lo que tenemos. El sistema puede mejorar, pero no lo hará mientras vivamos en apatía, resignación o cinismo. No hay sociedad sin justicia ni libertad sin Estado de Derecho.
Y esto no es retórica. Tomemos como referencia el Índice de Libertad Económica, que evalúa factores como la expresión, el movimiento y la propiedad privada, pero también el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. En estos dos últimos, Panamá obtiene históricamente sus peores calificaciones. No sorprende. Si las instituciones encargadas de proteger los derechos están debilitadas, todo lo demás se degrada: la libertad, la democracia y el bienestar común.
Este año, con la implementación del nuevo Código Procesal Civil, tendremos una oportunidad concreta —como la que representó en su momento el Sistema Penal Acusatorio (SPA)— para mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Pero, como entonces, el cambio no llegará por arte de magia con una ley. Esta es solo el inicio. Porque incluso con una normativa buena (aunque siempre perfeccionable), si no hay compromiso, transformación ética y participación activa, nada funcionará.
Se trata de una oportunidad para que los ciudadanos accedan a un sistema más cercano, menos cargado de formalismos innecesarios y que prometa respuestas en un plazo razonable. Pero todos debemos poner de nuestra parte: jueces, operadores de justicia, ciudadanía y, sobre todo, los abogados.
Nos corresponde despojarnos de viejas prácticas antiéticas y dilatorias, donde se abusa del litigio como medio de presión o extorsión. La justicia puede dignificarse. Y cuando lo haga, no solo mejorará el sistema: nos devolverá algo aún más valioso, la esperanza de que todavía es posible vivir en un país donde las reglas valgan para todos.
La autora es miembro de la Fundación Libertad.
