En su informe al país del pasado 2 de enero, el presidente José Raúl Mulino destacó como prioridad de su gestión la disminución del tamaño del Estado, reduciendo funcionarios, ministerios, secretarías y funciones duplicadas. Al mismo tiempo, celebró las obras sociales lideradas por su esposa a través del Despacho de la Primera Dama. Para ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace, y considerando la buena acogida que tuvo el cierre de la Dirección de Asistencia Social (DAS, antiguo PAN), esta es la ocasión ideal para que el Ejecutivo elimine otra secretaría: la de Coordinación de Asuntos Comunitarios (mal llamada “Despacho de la Primera Dama”).
Desde hace décadas, el rol de la primera dama ha evolucionado de una función protocolar a una activa en el manejo de personal y fondos para proyectos sociales. Esto plantea una problemática evidente de eficiencia estatal, duplicidad de funciones con otras instituciones y consideraciones jurídicas, pues legalmente no existe el Despacho de la Primera Dama.
Las esposas de los mandatarios operan a través de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios, creada en 1983 mediante Decreto Ejecutivo. Este establece que su Coordinadora General será la Primera Dama de la República. Aunque las funciones de esta secretaría se ampliaron en 1998, 2008 y 2010, el marco legal sigue refiriéndose únicamente a una figura femenina, sin contemplar la posibilidad de un “primer caballero”.
Más allá de las consideraciones políticas, el problema jurídico radica en tener una secretaría dirigida por alguien que no es funcionaria nombrada ni autoridad electa. Esta persona administra fondos, nombra personal y firma acuerdos que comprometen al Estado. ¿Debe considerarse a la primera dama como funcionaria pública por manejar presupuesto y obras? ¿Le aplica la ley electoral, que exige renunciar a un cargo público para postularse como candidata? ¿Podría una primera dama extranjera ejercer esta función, considerando que los funcionarios deben ser panameños? ¿Qué sucedería si el cónyuge del presidente decide ejercer únicamente un rol protocolar?
A mi juicio, el cónyuge presidencial debe regresar a un rol protocolar: anfitrión de la casa presidencial, acompañante del mandatario en eventos oficiales y vocero de ciertas causas. Ya existen instituciones gubernamentales, fiscalizadas por la Contraloría General de la República, encargadas de atender a los más vulnerables.
Más allá de las opiniones personales, no es aceptable que el Despacho de la Primera Dama siga operando como una ficción jurídica. La Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios debe derogarse, y el Despacho de la Primera Dama (o Primer Caballero) debe crearse formalmente mediante Decreto Ejecutivo. Este despacho debe tener un personal mínimo de asistencia y protocolo, con perspectiva de género, pero sin administración de fondos públicos, nombramiento de personal ni representación legal del Estado.
Para que la narrativa de reducción del Estado se traduzca en una administración pública eficiente, debe ser programática, estudiada y consecuente, no arbitraria ni caprichosa.
La autora es abogada.
