En el mes de enero de 2018, a través de un video por medios sociales, se distribuyó el soliloquio de un diputado en la Asamblea Nacional de Panamá.
No sé si el video es fiel a lo acontecido, pero lo tomo como una representación dramática de la percepción de muchos ciudadanos sobre el desempeño de los funcionarios políticos. La verdad es que no importa el nombre del diputado orador.
El diputado confesó que le mintió al electorado durante las elecciones generales. Explicó y se quejó que el sistema lo forzó a tomar esa acción. No describió ni especificó cuál sistema.
Hablaba en la Asamblea Nacional. Algunos de los diputados presentes actuaban con aparente indiferencia al orador, mientras que otros parecían entretenidos por sus palabras. El sonido de fondo consistía de silbidos y abucheos, pero no es claro que eran dirigidos a las palabras del diputado orador. En ningún momento el diputado pidió disculpas por haber abusado de la confianza de los que votaron por él. En los casi cuatro años en el puesto de diputado no hay evidencia de que el diputado haya tomado alguna acción para rectificar el sistema que él alega le obligó a mentir a los ciudadanos.
La Constitución Nacional, los reglamentos internos de la Asamblea Nacional, el Código Electoral y otras leyes del Estado panameño, en ninguna de sus versiones, no obligan a los candidatos a elección popular a mentir. Es más, lo confesado es una desvergüenza, un atrevimiento, una insolencia, una falta de respeto a la ciudadanía. Sin ser abogado, asumo que también debe ser un flagrante acto ilegal.
El diputado orador y sus diputados colegas que han mentido a la ciudadanía deben renunciar de sus puestos, y las autoridades competentes deben investigar estos actos para imponer la penalización correspondiente. Sabemos que cuando el diputado toma posesión, está obligado a jurar cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado.
En años anteriores, ciudadanos han solicitado la no reelección de todos los diputados. El objetivo no era limitarlos a solo un periodo de cinco años, sino que los diputados de turno no fueran reelectos. Pero la mayoría de los ciudadanos no lo consideraba necesario. Hoy hay muchos más diputados enquistados en sus puestos, haciéndose de fondos que no les corresponden, defendiendo sus intereses partidistas y particulares, todo a enormes expensas del bien común.
Muchos ciudadanos consideran que la actual Constitución Nacional tiene defectos serios y exigen una constituyente. El presidente Varela lo prometió durante su campaña electoral, pero no ha cumplido.
Mientras que esperamos la constituyente, y para no estar ociosos, propongo que los ciudadanos nos consultemos: decidir si no reelegir a ninguno de los diputados y suplentes a diputados actuales en las próximas elecciones generales en 2019. Es nuestro derecho y deber como dueños del país. En este punto no necesitamos esperar que los políticos actúen. ¡Borrón y cuenta nueva!
El autor es ciudadano jubilado