Con justa razón, la reelección del presidente está prohibida en Panamá en los dos períodos constitucionales siguientes. La prohibición se ajusta a una corriente constitucional de sólidas raíces en América Latina, región de presidencialismos fuertes, donde para prevenir el continuismo y el acaparamiento de poder se instituyó la no reelección del jefe del Ejecutivo o su reelección con limitaciones.
Se aduce que el presidente maneja recursos mucho mayores y tiene muchas más facultades que los diputados, alcaldes y representantes. Por ello, se permite a estos reelegirse pero al presidente, no, pues su posibilidad de poner los recursos y ejercer las facultades a su alcance en beneficio de su propia candidatura causaría un daño muy grande.
La degeneración de la política en las últimas décadas, sin embargo, hace que nos cuestionemos qué tan conveniente es seguir permitiendo la reelección indefinida de otros cargos. Este diario trata el tema en su edición del domingo 16 de septiembre.
En el período democrático, la reelección de diputados aumentó significativamente en dos años electorales, 1999 y 2014, como consecuencia directa de la enorme asignación de partidas para uso discrecional de los diputados. Estas partidas les han permitido financiar su reelección a través del clientelismo.
A la vez, las enormes asignaciones han comprometido a los diputados con la agenda del gobierno, menoscabando el ejercicio de la función representativa, legislativa y fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
En 1994, de un total de 67 legisladores en la Asamblea Legislativa, 45 intentaron reelegirse en los comicios generales (67%). De esos 45, 12 la obtuvieron (27%), lo que representa el 18% de la cámara.
En 1999, de un total de 72 legisladores en la Asamblea Legislativa, 63 buscaron la reelección en las votaciones de mayo (88%). De esos 63, 31 la obtuvieron (49%). Dicho de otra forma, el 43% de la cámara repitió.
Ese año hubo un aumento significativo en la ambición de los legisladores por reelegirse, así como un crecimiento sustancial en la cifra de reelegidos, atribuible al enorme gasto en partidas circuitales implementado por el gobierno del PRD (1994-1999) para comprar la adhesión de los miembros de la cámara. Entre 1995 y 1999, se les asignó la suma de 188 millones de balboas en partidas circuitales.
En 2004, de un total de 71 legisladores en la Asamblea Legislativa, 59 aspiraron a reelegirse en las elecciones populares (83%). De esos 59, 29 la obtuvieron (49%), o sea, el 41% de la cámara.
En 2009, de un total de 79 diputados en la Asamblea Nacional, 57 buscaron la reelección en los comicios de mayo (72%). De esos 57, 26 la obtuvieron (46%), lo que representa el 33% de la cámara.
En 2014, de un total de 71 diputados en la Asamblea Nacional, 64 intentaron reelegirse en las elecciones generales (90%). De esos 64, 39 la obtuvieron (61%), lo que quiere decir que más de la mitad de la cámara repitió (55%).
Este segundo aumento importante en la reelección de diputados durante el período democrático se relaciona directamente con la gigantesca asignación de partidas a los diputados, muchas veces superior a la de gobiernos anteriores. En 2014, el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, “reveló que a los 71 diputados de la Asamblea Nacional se les entregaron $416 millones en partidas circuitales durante el último quinquenio” (La Prensa, 28 de junio de 2014).
Claramente, la reelección de diputados no está ligada al buen desempeño de funciones representativas, legislativas o de control por parte de la Asamblea Nacional, sino a la compra de votos mediante beneficios clientelistas. Dicha compra es financiada por partidas asignadas por el Ejecutivo para dominar a los integrantes de la cámara.
El dinero de las sumas entregadas a los diputados proviene de la recaudación de impuestos y de las utilidades de empresas estatales, como el Canal de Panamá.
En otras palabras, es la ciudadanía, a través de los dineros que le pertenecen, la que financia la reelección de individuos que no le sirven, pues no ejercen las funciones para las que están constituidos, pero sí incurren en una serie de conductas inmorales y delictivas que atentan contra el Estado de derecho y el sistema democrático. Sobre esta base, ¿conviene la reelección? La respuesta es evidente.
El autor es politólogo e historiador y director de la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.