Aunque todavía queda tela por cortar, el rechazo nacional a la minería metálica quedará registrado como una de las grandes victorias sociales que unió al país. Sin embargo, no se puede despreciar su elevado costo social y económico. Probablemente, seguirán las protestas hasta que se logre rectificar una situación que detonó por la falta de confianza en la institucionalidad del Estado. ¿Cómo podemos evitar que situaciones de esta magnitud se repitan?
Uno de los temas que poco o nunca se considera cuando se discuten e implementan políticas públicas sobre temas prioritarios y transcendentales para el país es el rol de la ciencia como fuente de conocimiento local e internacional, y herramienta de veracidad, confianza pública y vigilancia.
El 10 de noviembre se conmemoró el día internacional de la ciencia para la paz y el desarrollo, lo que ofrece una buena ocasión para reflexionar sobre su rol en la discusión minera.
Encuestas del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS-AIP) de 2021 demuestran que el 59.5% de la población le da una alta valoración a la comunidad científica, solo detrás de la iglesia, los medios de comunicación y los bancos.
También encontraron que el 74.5% de la población considera que el presupuesto dedicado a la investigación científica debe ser una de las principales prioridades, solo por debajo de salud (83.4%) y educación (81.8%).
La buena calificación que le da la población panameña a la ciencia se traduce en confianza en las opiniones técnicas de expertos científicos requeridas al momento de formar, implementar y monitorear la efectividad de políticas públicas.
Uno de los principales objetivos de la investigación científica es generar nuevo conocimiento desde varias disciplinas que sirva de evidencia para informar políticas públicas que, entre otras cosas, protejan nuestros ecosistemas, nuestra salud y promuevan nuevas tecnologías sostenibles que impulsan la actividad económica y el bienestar colectivo.
La baja inversión de Panamá en investigación y desarrollo (I+D) (0.17% del PIB, Banco Mundial, 2021) ha limitado el estudio de la gran biodiversidad que se encuentra dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, con cientos de especies de fauna, flora y microorganismos todavía por descubrir. Por esta razón es difícil saber cuál es el verdadero costo e impacto ambiental de las actividades extractivas.
Sobre las cláusulas del contrato, la escueta y endeble mención de una “oficina especial del Estado” que alojaría un máximo de 6 funcionarios públicos encargados de toda la responsabilidad de “…verificación del cumplimiento de las normas ambientales, laborales y mineras” (Título X, clausula trigésimo séptima del contrato minero) transmite muy poca seguridad de que el Estado sea capaz de vigilar y minimizar el impacto ambiental de la operación minera.
Otra estrategia más efectiva hubiera sido empoderar también a las instituciones científicas de Panamá como actores externos y objetivos en las tareas de fiscalización de los diversos y potenciales impactos ambientales (e.g., aguas, suelos, aire, humanos).
Ahora que se logró establecer una moratoria nacional de la actividad minera y la sociedad sigue presionando por cerrar las operaciones de la única mina metálica activa, ¿qué sigue ahora? ¿Cómo superará el país el golpe económico de abandonar esta industria, como advierten de manera amenazante algunos líderes empresariales? Hasta en este tema la ciencia aporta un camino a seguir. La transferencia de conocimiento y tecnologías que surgen de centros de investigación y universidades hacia el mercado aumentan las capacidades tecnológicas de un país, lo que impacta directamente en su desarrollo sostenible y económico.
Con una inversión apropiada, la ciencia en Panamá podría ser un mecanismo sostenible para reactivar la economía y generar los empleos a nivel nacional que la población necesita.
La ciencia debió haber jugado un rol importante antes y durante la discusión del contrato minero, que posiblemente hubiera ayudado a mitigar la actual situación.
La ciencia, desde sus diversos campos (e.g., social, económico, ambiental, biológico, ingenieril), también será clave para la actual discusión de qué sigue cuando pasemos la página de la minería al próximo reto nacional.
En la próxima elección de 2024, tocará a la población exigir de los candidatos y futuras autoridades mayor inversión y compromiso con la ciencia para ayudar a encontrar soluciones y ejecutar sus propuestas con las que esperan resolver los principales problemas que enfrenta la sociedad y nuestra nación.
El autor es bio-ingeniero y especialista en materiales de INDICASAT-AIP; miembro distinguido del SNI-SENACYT e integrante de Ciencia en Panamá
