Si la crisis de refugiados que ha vivido Europa con la llegada hasta el 1 de diciembre de unos 900 mil migrantes este año ha desbordado la capacidad de los Estados para gestionar de forma eficaz la llegada de personas que huyen de la guerra en busca de asilo –fundamentalmente de Siria, Irak y Afganistán– las consecuencias, en cuanto a flujos migratorios, que pueden derivar del aumento de las temperaturas pueden ser devastadoras. Según los cálculos de Acnur (la agencia de la ONU para los Refugiados), en los próximos 50 años entre 250 y mil millones de personas se verán obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otra región de su país o incluso a otro Estado si el ser humano no frena el cambio climático. Estos refugiados, que huyen de un entorno hostil donde el clima o los desastres ambientales les han dejado sin agua y alimentos, carecen, sin embargo, de un estatus jurídico en el que buscar amparo.
“No existen estimaciones fiables de la migración inducida por el cambio climático, pero los cambios ambientales ya están dando lugar a importantes movimientos de población”, asegura un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De acuerdo con sus estimaciones, “en los últimos 30 años se han triplicado las sequías y las inundaciones”, y los cambios en el medio ambiente o los desastres ambientales han provocado migraciones mayores que los conflictos armados.
El último informe del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) indica que en 2014, más de 19 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares por desastres como inundaciones, tormentas o terremotos. Según sus cálculos, desde 2008 una persona cada segundo se ha visto obligada a dejarlo todo por estas razones. Sesenta desplazados por razones ambientales cada minuto, apunta el informe, que indica que los continentes más afectados son Asia y América.
Los ejemplos de refugiados climáticos o ambientales son muchos: personas que han tenido que abandonar sus casas en Tuvalu (un archipiélago del Pacífico) por la subida del nivel de las aguas; en Senegal, debido a la sequía; en Mozambique, por las inundaciones; en Bangladesh... Sin embargo, el concepto de refugiado tiene una definición restringida –alguien que no puede regresar a ese país por un temor bien fundado a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política–, y el término “refugiado climático” no tiene ningún tipo de significado legal en el derecho internacional que ampare a los desplazados por los desastres de origen natural o causados por el cambio climático. Solo algunos países incluyen a los “migrantes ambientales” en una categoría especial de personas que necesitan protección, como es el caso de Suecia o Finlandia, explica Benjamin Glahn, del Think Tank Salzburg Global Seminar.
Con la actual crisis de refugiados en Europa, el debate sobre la ampliación del concepto de refugiado que recoge la Convención de Ginebra se ha enfriado. En una Unión Europea que apenas es capaz de ponerse de acuerdo en las cifras de acogida de asilados, el proyecto para amparar a los desplazados por cuestiones ambientales está aún en mantillas, señala Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de UPyD, tras el seminario sobre migración y asilo celebrado la semana pasada en el Parlamento Europeo en Bruselas. Ni siquiera hay consenso internacional en vincular a los desplazamientos con las consecuencias del calentamiento global. “Pero hay una cosa cierta, y es que con el cambio climático y la mano del hombre estos serán cada vez más y necesitarán protección”, dice.