En 2027 Panamá volverá a ser evaluada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Como es natural, gran parte de la discusión nacional se ha concentrado en fortalecer el marco de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese objetivo es indispensable. Sin embargo, existe el riesgo de que confundamos la regulación con la supervisión.
En los últimos años, tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo han conocido diversas iniciativas relacionadas con los activos digitales. Algunas procuran otorgarles una naturaleza jurídica y establecer reglas claras para su desarrollo; otras se limitan a crear registros de proveedores de servicios de activos virtuales con un enfoque orientado exclusivamente al cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.
Si el resultado final es únicamente un registro administrativo para efectos de prevención del lavado de activos, Panamá habrá atendido una exigencia internacional, pero habrá perdido una oportunidad histórica para posicionarse como un centro regional de innovación financiera.
Regular activos digitales no puede reducirse a identificar quién opera una plataforma, exigir procedimientos de debida diligencia o establecer obligaciones de reporte. Todo ello es importante, pero corresponde al ámbito de la supervisión. Sin embargo, la regulación debe ir mucho más allá.
Panamá necesita una ley integral que defina jurídicamente qué es un activo digital, establezca sus distintas categorías y determine qué autoridad será competente para supervisar cada una de ellas de acuerdo con su naturaleza. Asimismo, debe contemplar un régimen de licencias para aquellas empresas que deseen desarrollar negocios basados en activos digitales dentro del país.
No todos los activos digitales son iguales. Un depósito tokenizado no presenta las mismas características jurídicas que un token representativo de valores, un activo inmobiliario tokenizado o un activo virtual utilizado como medio de intercambio. Pretender regularlos bajo un único enfoque sería desconocer la evolución que ha experimentado esta industria durante la última década.
La buena noticia es que Panamá no necesita reinventar su estructura institucional. Contamos con un sistema de supervisión financiera sólido y especializado, donde las distintas superintendencias y las demás autoridades sectoriales poseen la experiencia necesaria para supervisar actividades financieras complejas. Lo que hace falta es una ley que distribuya claramente las competencias según la naturaleza jurídica del activo digital y de la actividad desarrollada.
Ese modelo ofrecería seguridad jurídica a los inversionistas, claridad a los operadores y certeza a los supervisores, sin romper con la arquitectura regulatoria que históricamente ha distinguido a Panamá como centro financiero internacional.
El camino corto consiste en crear un registro para cumplir con una recomendación del GAFI. El camino correcto consiste en desarrollar una industria.
Mientras diversos países de América Latina avanzan en la creación de marcos regulatorios que buscan atraer inversión, fomentar la tokenización de activos reales y facilitar nuevos modelos de negocio, Panamá corre el riesgo de limitarse a administrar riesgos. Esa visión puede satisfacer una evaluación técnica, pero difícilmente atraerá innovación, talento o capital.
Nuestro país cuenta con ventajas competitivas que pocos pueden igualar: un centro bancario internacional consolidado, un mercado de valores en crecimiento, una industria fiduciaria robusta, un Registro Público confiable y una reconocida tradición en servicios financieros. Sobre esa base es posible construir un ecosistema de activos digitales serio, seguro y competitivo.
La evaluación del GAFI representa una oportunidad para demostrar que Panamá mantiene un sistema sólido de prevención del delito financiero. Pero también debe convertirse en el punto de partida para una conversación más ambiciosa: cómo construir un marco jurídico moderno que impulse la economía digital y convierta al país en un referente regional de innovación.
La regulación del siglo XXI debe cumplir dos funciones simultáneamente: proteger la integridad del sistema financiero y crear las condiciones jurídicas para que la innovación ocurra. Panamá necesita ambas.
El autor es abogado.
