En junio de 2017, Panamá rompió relaciones con Taiwán, país al que reconocíamos como representante del pueblo chino desde 1949. Luego de la ruptura exigida por China continental como paso previo a la normalización de nexos entre ambos Estados, ese mismo mes Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China.
En el momento que se efectuó la ruptura, el Gobierno nacional sostuvo que establecer relaciones con China Popular era parte de una tendencia mundial de la cual Panamá no podía seguir sustrayéndose. El presidente Varela adujo la importancia de mantener relaciones con un Estado “que por sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo”. Añadió que “China es el segundo usuario más importante del Canal de Panamá y el primer proveedor de mercancías de la Zona Libre de Colón” (BBC, 13 de junio de 2017).
China continental alcanzó ambos sitiales, sin embargo, antes de que normalizáramos con ellos nuestras relaciones. Por lo tanto, es evidente que romper con Taiwán, de forma tan burda, no era necesario para que China Popular continuara pasando sus barcos por el canal y siguiera supliendo a la Zona Libre de Colón.
Según nuestros gobernantes, recibiríamos grandes beneficios de la nueva relación con China continental, que permitiría el ingreso de enormes flujos de inversión procedentes del celeste imperio y abriría a nuestros productores un gigantesco mercado de mil 400 millones de habitantes. Un panorama muy halagüeño se le perfilaba a nuestra ya desacelerada economía, gracias a la bonanza china que produciría la regularización de relaciones diplomáticas.
Dos años y cuatro meses después de tan sorprendente cambio, la ciudadanía tiene derecho de saber en qué nos hemos beneficiado de una actuación tan turbia e ignominiosa, que avergonzó a todos los panameños decentes por el trato impropio que se propinó a un gobierno amigo y a un Estado democrático del cual recibimos mucha cooperación y con el cual compartimos valores importantes relacionados con la libertad, el respeto por los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.
En términos específicos, la ciudadanía tiene derecho a saber, por ejemplo, cómo ha evolucionado la inversión procedente de China Popular desde que entró en vigencia la normalización diplomática. Habría que pedir los números a la Contraloría General de la República, pues en la página del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las cifras solo están disponibles hasta 2017.
Entre 2009 y 2017, la inversión extranjera directa (IED) originada en Hong Kong (territorio especial de China) ascendió a 155.6 millones de dólares; de China continental, a 752 millones; y de Taiwán, a 4 mil 86 millones.
En 2017, el último año de la relación diplomática con Taiwán, la IED procedente de Hong Kong alcanzó los 40.6 millones de dólares; de China, los 273.6 millones; y de Taiwán, los mil 515 millones. ¿Ha superado la inversión china esta cifra en 2018 y 2019? Sería interesante saberlo.
En cuanto a exportaciones, en 2016, el año anterior a la ruptura con Taiwán, nuestros envíos a China continental (35.5 millones de dólares) ya excedían el valor de nuestras exportaciones a la isla de Formosa (26.8 millones). En otras palabras, la normalización diplomática con Beijing no parece haber sido necesaria como requisito para exportar más bienes a China Popular que a Taiwán.
Aún sin haber adoptado un tratado de libre comercio con China continental, nuestras exportaciones han seguido aumentando. Probablemente entre ellas hay muchas tucas de madera darienita que, según investigaciones de prensa, es muy apetecida allá.
En el momento que Panamá rompió con Taiwán, un marco elaborado durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, regía nuestra relación comercial con China Popular. Como lo sugiere el muy modesto análisis emprendido aquí, ese marco funcionaba adecuadamente para permitir intercambios comerciales (y culturales).
No era necesario deshacer nuestros vínculos con Taiwán y afrentar a un país amigo para hacer negocios con China continental. Sin embargo, nuestros gobernantes optaron por esa vía, prometiéndonos el oro y el moro a cambio de esa indignidad.
¿Qué hemos conseguido con ello? Mayor desprestigio y enfurecer a Washington. Como que las cuentas no salen, a no ser que haya otros beneficios, quizás de índole particular, al respecto de los cuales no tengamos conocimiento.
El autor es politólogo e historiador y dirige la Maestría en Relaciones Internacionales en Florida State University, Panamá.
