En esta época post Lula, la presidenta brasileña Dilma Rousseff muestra algunos rencores negativos que nunca se sabrá, o se aceptará, si fueron por obra y gracias de aquel.
Y no nos referimos a los siete goles de Alemania en el mundial (sin antecedentes), o el menguado 7% de popularidad que mantiene la presidenta, también sin parangón. Hay otros: desde hace 84 años no había recesión en el gigantesco país, cuyo PBI se prevé que caerá un 3% este año y desde hace 78 que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) no rechazaba la rendición de cuentas de un gobierno por incumplimiento fiscal. El caso anterior fue cuando Getulio Vargas era presidente, en 1937.
Una de las apuestas es si a Dilma le iría tan bien como a Vargas. En aquella oportunidad el Congreso no aprobó el informe del TCU y Vargas siguió.
La suerte de Dilma, sin embargo, es más complicada. En la presidencia de diputados, a cargo del también cuestionado e investigado diputado del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), Eduardo Cunha, hay presentados nueve pedidos de juicio político –impeachment– contra la mandataria.
Las apuestas son variadas, pero en su mayoría coinciden en que Dilma no durará más de un año. Pocos creen que renuncie –un gesto de grandeza, al decir del expresidente Fernando Henrique Cardoso– y menos que la estructura creada por Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) para mantenerse en el poder soporte tantos y tan fuertes empujones.
A las investigaciones por el caso Petrobras –corrupción multimillonaria que involucra al partido de gobierno (PT) y políticos coaligados y a grandes empresarios– se suman este cuestionamiento del Tribunal de Cuentas, más otra nueva investigación: la que realiza el Tribunal Superior Electoral (TSE) por presuntas irregularidades cometidas desde el gobierno durante la última elección, en la que Dilma fue reelecta. Según lo denunciado parece que se usaron fondos derivados de fraudes públicos.
Quienes especulan piensan también en lo que más le convendría al país. La renuncia no convence: significaría que asuma el vicepresidente Michel Temer, del socio PMDB, también electo en los denunciados comicios. Lo mismo pasa con el juicio político: los sustitutos serían “socios”. Si prosperara la denuncia sobre irregularidades electorales, en cambio, ello implicaría la anulación de las elecciones y un nuevo llamado a las urnas (se descarta la alternativa de que asuma el entonces candidato Aecio Neves del opositor PSDB).
Borrón y cuenta nueva y que la gente decida. Parece lo ideal. El “pero”, es que estas investigaciones del TSE pueden llevar hasta un año. Un periodo que podría ser aprovechado por el PT, Dilma y Lula, para “dar vuelta la tortilla” y hacer valer la “hegemonía en el poder” que denunciara recientemente el nombrado expresidente Cardoso.
Según Cardoso todas estas ilicitudes, comenzando con el “mensalao” (compra de congresistas durante la primera presidencia de Lula), “no se trata de la corrupción tradicional, sino que es la financiación de la hegemonía en el poder; es no aceptar a los demás y negar la rotación en el poder con el argumento de que ‘solamente yo soy bueno y si yo soy bueno voy a hacer todo para permanecer en el poder‘”.
Como se ve, cualquier parecido con los Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Maduro y Rafael Correa, no es pura coincidencia.
Hay otro “pero”, y es que el mecanismo no es infalible, como les pasó con Lugo en Paraguay y Zelaya en Honduras. El caso es que los brasileños están muy descontentos y la prensa investiga, informa y no se calla. Por algo Lula quería “regularla”.