Es indiscutible que Panamá necesita una nueva Constitución sin parches para darle a la ciudadanía un verdadero Estado de derecho.
La Constitución contiene principios importantes en materia laboral y salarial, pero una eventual reforma constitucional podría reforzar los criterios de equidad, mérito y racionalidad que deben regir las remuneraciones dentro del Estado.
En ese sentido, el artículo 67 de la actual Constitución establece: “A trabajo igual en idénticas condiciones, corresponde siempre igual salario o sueldo, cualesquiera que sean las personas que lo realicen...”.
Ahora bien, en el campo de la educación pública en Panamá, un instructor vocacional con título de profesor y que labora en lugares de alto riesgo, como las cárceles, gana un salario mínimo de 700 balboas, mientras que un docente del sistema regular puede ganar hasta 1,500 balboas, además de otras ventajas.
Si observamos este ejemplo, encontramos una diferencia salarial significativa entre profesionales con preparación académica comparable. Esto no significa necesariamente que se configure una violación del artículo 67 de la Constitución, pues esta norma exige que se trate de “trabajo igual en idénticas condiciones”. Sin embargo, la disparidad sí plantea una pregunta que el Estado debería poder responder: ¿qué criterios técnicos, responsabilidades, condiciones de trabajo y funciones justifican diferencias salariales de esta magnitud?
Una política salarial justa en el sector público debe partir precisamente de criterios objetivos y verificables. La preparación profesional, la naturaleza de las funciones, el nivel de responsabilidad, los riesgos del puesto, la experiencia y las condiciones en que se presta el servicio deberían formar parte de esa valoración, evitando que las remuneraciones dependan de decisiones discrecionales o de consideraciones políticas. El problema no es que todos los funcionarios públicos deban ganar lo mismo, sino que el Estado pueda justificar por qué unos ganan más que otros.
La Caja de Seguro Social, por poner otro ejemplo, se ha convertido en una agencia de empleos, con personal que gana mucho más que los antiguos colaboradores con más de 20 años de servicio, y todo esto responde a criterios políticos.
Si en la Caja de Seguro Social llueve, en la Lotería y otras instituciones no escampa.
Cada vez que viene un gobierno nuevo, de igual manera entran a las instituciones públicas una cantidad astronómica de asesores que aconsejan lo mismo que aconsejaría un ciudadano de a pie. Es decir, dicen lo que todos saben. Esto, desde luego, obedece al clientelismo político que ampara la mediocridad solo porque son cercanos al círculo cero de algún funcionario público.
Una nueva Constitución también debe garantizar no solo un salario digno con base en criterios técnicos, sino que estos respondan a funciones y responsabilidades reales y no ficticias, para eliminar así la nefasta cultura del nepotismo y el “botellismo”.
Una nueva Constitución también debe castigar severamente a aquellos funcionarios que cobran sin trabajar y que llegan constantemente tarde a los ministerios u hospitales públicos.
La nueva Constitución es una herramienta de poder popular que contribuirá de manera más edificante a la construcción de una real democracia.
El autor es docente y sociólogo.
