Panamá enfrenta problemas de salud persistentes: enfermedades transmitidas por vectores, aumento de la obesidad, la diabetes y la hipertensión, y deficiencias en la prevención del cáncer. El sistema también presenta escasez de medicamentos y especialistas, demoras para obtener citas, equipos dañados, quirófanos subutilizados, dificultades para contratar personal y barreras de acceso para pacientes que deben recorrer largas distancias.

Cada problema suele recibir múltiples explicaciones y respuestas de autoridades, gremios y expertos, tal como sucede en estos momentos. Sin embargo, es posible que no estemos ante varios problemas independientes, sino ante distintas manifestaciones de una misma dificultad.

Panamá enfrenta, en realidad, un desafío sistémico. Mientras tratemos esas manifestaciones por separado, seguiremos trasladando los cuellos de botella de un lado a otro.

De la planificación a la reacción

Durante gran parte del siglo XX, Panamá utilizó un modelo estatal basado en la planificación del desarrollo, la formulación de políticas y la coordinación institucional.

Aunque la planificación enfrentó obstáculos como la burocracia, los intereses particulares, la inestabilidad política y las deficiencias administrativas, el país promovió posteriormente la inversión y la gestión privada sin abandonarla por completo.

Pero, debido a presiones económicas externas y a las reglas del mercado, este fue cobrando preponderancia y desplazó otros factores necesarios para el desarrollo integral. Las consecuencias de ese desequilibrio son las que vivimos hoy: tenemos un país con un crecimiento económico superior al de otras naciones de la región, pero también con una de las mayores desigualdades y un precario desarrollo social.

El mercado puede impulsar la inversión, la competencia y la innovación, pero no sustituye al Estado. Este debe definir el rumbo nacional, anticipar las necesidades de la población, regular la actividad económica y proteger los objetivos a largo plazo.

En salud, esa responsabilidad exige priorizar la prevención como responsabilidad pública e inversión a largo plazo.

Desde el punto de vista económico, prevenir una enfermedad tiene más valor que tratarla una vez que aparece. Además, una población sana puede participar más activamente en la economía. Esto último es lo que vemos en los países desarrollados.

No existe un país desarrollado con mala salud, educación deficiente y sin una justicia imparcial.

La planificación sanitaria debe anticipar el envejecimiento poblacional, las enfermedades predominantes, los factores de riesgo, las necesidades de personal, la formación de especialistas, la distribución de recursos, la infraestructura, la tecnología y el financiamiento.

Cuando estas cuestiones no se abordan a tiempo, el problema aparece primero y la política pública corre detrás.

Un ciudadano, un sistema fragmentado

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) desarrollaron durante décadas redes asistenciales separadas, con hospitales, centros, personal, sistemas y presupuestos propios para atender a la misma población. El asegurado de la CSS y el paciente del Minsa son ciudadanos panameños; sin embargo, la atención se organizó como si pertenecieran a poblaciones distintas.

Por eso, el éxito del sistema no debería medirse solo por los pacientes atendidos, los procedimientos realizados o los hospitales construidos, sino también por las enfermedades evitadas, los diagnósticos tempranos, el control oportuno y los años de vida saludable preservados.

La saturación hospitalaria suele originarse años antes: cuando no se controlan la hipertensión, la diabetes, la obesidad o la enfermedad renal; cuando se retrasa la detección del cáncer o cuando se debilitan las políticas de control vectorial. Estas fallas pueden provocar complicaciones, discapacidad, tratamientos más complejos y una mayor demanda de atención especializada.

La cadena es clara: prevención insuficiente → enfermedad → diagnóstico tardío o control deficiente → complicaciones → atención especializada → hospitalización y servicios de alta complejidad.

La crisis también afecta al personal sanitario. No basta con contar médicos: es necesario conocer su disponibilidad, especialidad, ubicación, dedicación, fecha de jubilación y las necesidades futuras.

El crecimiento del sector privado de salud intensifica la competencia por profesionales, muchos de los cuales trabajan en ambos sectores. Esto dificulta la planificación, ya que, sin reglas claras, ninguna institución puede contar con el tiempo de un profesional compartido como si estuviera plenamente disponible.

Las diferencias salariales, laborales, geográficas y de desarrollo profesional condicionan la distribución del personal. Por ello, el desafío abarca la formación, la disponibilidad, la asignación, los incentivos y la retención.

Sería simplista atribuir la situación a un problema de ética o vocación. Así como una sociedad influye en la formación de sus ciudadanos, los sistemas influyen en las conductas de quienes trabajan en ellos.

Décadas de estructuras fragmentadas, incentivos inadecuados, evaluación débil, reconocimiento insuficiente del mérito y dificultades administrativas terminan produciendo determinadas culturas institucionales y prácticas laborales que no siempre responden a las necesidades actuales del sistema.

La vocación debe cultivarse y la ética debe exigirse. La gran mayoría de quienes escogemos ejercer una profesión en el sector salud lo hacemos por el deseo de servir y aliviar dolencias y enfermedades. Pero esos valores no nos obligan a renunciar a una buena calidad de vida para nuestras familias ni a la posibilidad de superarnos. Tampoco sustituyen la obligación del Estado de organizar correctamente su política de recursos humanos.

Los buenos sistemas de salud dependen del compromiso de todos los que trabajan en ellos, no del heroísmo de unos pocos.

Un problema sistémico

Este problema no es atribuible a un solo gobierno o institución, sino a la acumulación histórica de fallas: se atienden las consecuencias sin resolver las causas. La prevención insuficiente y la falta de planificación terminan en servicios saturados y más personas enfermas.

Hoy conviven médicos que buscan especializarse con plazas vacantes, hospitales incapaces de retener personal y regiones con necesidades insatisfechas pese a contar con recursos desarticulados.

A esto se suma una población con factores de riesgo y enfermedades crónicas mal controlados, lo que incrementa la demanda de especialistas, hospitales y servicios de alta complejidad.

Estas tensiones no se contradicen: son el resultado de abordar problemas aislados durante años. Por eso, autoridades, gremios, profesionales en formación y administradores pueden ofrecer diagnósticos diferentes y, a la vez, válidos. Antes de buscar soluciones, debemos comprender este enredo.

El autor es neurocirujano.