Con las palabras y los gestos de humanidad del papa Francisco aún en la memoria, así como los buenos sentimientos provocados por esos alegres chicos venidos de todos los rincones del mundo a recordarnos que podemos ser mejores, nos enfrentamos ahora con el reto de cambiar o volver a los viejos y dañinos hábitos que nos caracterizan.
Unos hábitos que, por ejemplo, no permiten que Panamá avance en la lucha contra la corrupción, según revela el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018, que realiza Transparencia Internacional (TI).
Panamá mantuvo el puntaje 37 obtenido el año pasado. No estamos peor, pero no avanzamos en lo absoluto, y eso es malo. Estamos estancados y por debajo del promedio de la región, que es de 44. Y por ello somos parte del club de países con democracias imperfectas, instituciones débiles, problemas de separación de poderes, falta de rendición de cuentas, entre otros males. Imposible negarlo; lo sabemos bien, lo padecemos todos los días.
Además, somos parte de una región que enfrenta un peligroso deterioro en el ejercicio de los derechos políticos y sociales, con el surgimiento de líderes populistas que aseguran que combatirán la corrupción mientras desconocen los derechos humanos y las garantías fundamentales. Una peligrosa trampa en la que han ido cayendo nuestros pueblos, desencantados con las promesas incumplidas de la democracia.
Justo hace un año, cuando se publicó el IPC 2017, reflexionaba en estas mismas páginas sobre las razones del estancamiento. Hoy, la reflexión es la misma: no avanzamos a pesar de que sacamos del poder a la mafia que se instaló en el Palacio de las Garzas para hacer negocio, y a pesar de los procesos judiciales en marcha que marcan un antes y un después en nuestra historia republicana, porque las reformas profundas que se requieren se quedaron en el tintero de las promesas electorales.
El gobierno que termina su andadura en junio próximo falló en crear un sistema de prevención, control y fiscalización de las autoridades en el ejercicio de la función pública. Un sistema que no dependiera de la buena voluntad de quien ejerce el poder; que se alejara de la discrecionalidad vigente.
Justo por eso, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI, decidió aprovechar la cercanía de las elecciones generales para proponerle a los candidatos presidenciales lo que hemos llamado el Reto por la Transparencia 2019.
El reto pretende no solo que los programas de gobierno de los candidatos incluyan las reformas que requerimos para combatir con eficacia la corrupción, desde la prevención hasta el castigo que implica una justicia independiente y oportuna, sino también un programa de monitoreo ciudadano de esos compromisos de quien llegue al Palacio de las Garzas el próximo mayo.
El compromiso adoptado el pasado martes 29 de enero por los candidatos presidenciales Ana Matilde Gómez, José Blandón, Laurentino Cortizo, Marco Ameglio, Ricardo Lombana y Rómulo Roux, incluye impulsar la aprobación de leyes esenciales en la lucha contra la corrupción, como regular los conflictos de interés; el estricto cumplimiento de la Carrera Administrativa, que significa dejar de usar la planilla estatal como botín político; la estricta aplicación de la ley de transparencia en la gestión pública; la creación de mecanismos claros de contratación pública, así como acceso a información que producen las instituciones. Son mínimos básicos; hay mucho más que debemos hacer.
La cereza del pastel, por supuesto, es la reforma de la justicia, ese elemento fundamental para poder combatir la tan dañina impunidad. Hoy, muchos de los casos que implican millones de dólares robados a todos los panameños, están en manos de jueces interinos, nombrados por magistrados penosamente cuestionados. Así, la impunidad se asoma y golpea cada tanto, cerrando casos y dándole vuelo a la corrupción. Eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer que suceda.
Por eso, el reto no es solo para los candidatos, sino que nos da a los ciudadanos tareas concretas. Tenemos la obligación de estar informados, de exigir y rendir cuentas, de ser responsables. Es un reto para todos.
La autora es abogada, periodista y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana.