El año 2025 cierra con una suerte de eventos trascendentales en el ámbito político, económico, financiero, social e internacional. Sin embargo, el 2026 pinta lleno de nuevos retos para la mayoría de los países del mundo, y Panamá no escapa a ellos. De acuerdo con el informe de Perspectiva Soberana Global de Moody’s, publicado recientemente, 2026 impondrá condiciones más duras a los países dadas las tensiones geopolíticas, los cambios en políticas prioritarias y los altos niveles de endeudamiento público. Estos factores de presión interactúan entre sí, con impacto directo en la dinámica del riesgo crediticio soberano, dando forma a los riesgos y oportunidades del próximo año:
• La fragmentación política está empujando hacia soluciones cortoplacistas.
• El crecimiento global se mantendrá estable, pero desigual.
• Los altos niveles de deuda y la rigidez presupuestaria limitan el espacio fiscal para absorber potenciales choques en la economía.
• El acceso a la deuda de los Estados soberanos se está deteriorando.
• Una mayor productividad impulsada por la inteligencia artificial (IA) y el alivio de tasas podrían impulsar la estabilidad macroeconómica.
A este panorama se suma, en el ámbito interno, el alto nivel de inconformidad de la población por los servicios básicos, especialmente los de agua potable y alcantarillado sanitario. Es público y notorio el grado de irritación que miles de panameños expresan a diario ante la impotencia, o quizás indiferencia, de las entidades responsables de dar solución a un cúmulo de problemas heredados de todas las administraciones anteriores, que solo se limitaron a hacer más de lo mismo (soluciones cortoplacistas), en vez de iniciar una real transformación de la gobernanza del recurso hídrico, comenzando por elevarlo a un tema de Estado y de seguridad nacional.
Un servicio vital para la vida y la economía, que se presta bajo un régimen de monopolio físico, refuerza la necesidad de mantener bajo la gestión pública y el control del Estado todos aquellos procesos y transacciones asociados al manejo del ciclo del agua. Igual de importante es el respeto a la institucionalidad de las empresas propiedad del Estado responsables de gestionar el recurso hídrico, como elemento sobre el cual descansa el marco de gobierno corporativo y sin el cual cualquier iniciativa que impulse el Ejecutivo va a carecer de cimientos sólidos para prosperar y ser sostenible. En otras palabras, una gestión pública transparente, apolítica, con participación ciudadana, planificación, fuerte responsabilidad social y ambiental, y preeminencia del derecho humano al agua.
Nuestra Carta Magna guarda silencio sobre el derecho humano al agua y menciona este recurso solo en ocho de sus artículos. Según la Constitución, el Estado debe garantizar que la población viva en un ambiente donde el agua satisfaga sus requerimientos para el desarrollo adecuado de la vida humana, y garantizar que la utilización y el aprovechamiento del agua se lleven a cabo racionalmente, asegurando su preservación, renovación y permanencia.
En teoría, la Defensoría del Pueblo vela por la protección de los derechos previstos en los convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado. Uno de ellos es la Resolución A/RES/64/292, de julio de 2010, de la ONU, que declara el acceso al agua y al saneamiento como un “derecho esencial para el disfrute pleno de la vida y de los otros derechos humanos”, principalmente la salud, el trabajo y la educación. No obstante, incluir el derecho humano al agua en la Constitución sería un paso firme para eliminar “esta forma de discriminación y desigualdad social” que coarta la oportunidad de progresar de muchos panameños.
Dado lo anterior, el Gobierno podría enfocar parte de los millones de balboas anuales en inversión de capital o transferencias económicas para dotar a toda la población de un buen servicio de agua potable y alcantarillado, como impulsor de una mejor distribución de la riqueza del país.
El beneficio sería doble: por un lado, más panameños estarían en capacidad de mejorar su economía familiar, capacitándose, generando emprendimientos o accediendo a plazas de trabajo con mejor salud; y, por otro lado, la inyección de capital en la economía producto de la ejecución de obras de infraestructura de agua y saneamiento genera, en promedio, más de 18,000 empleos directos por cada $1,000 millones de inversión, según destaca un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, el Banco Mundial indica que “la construcción de autopistas (…) genera aproximadamente un décimo de los empleos que generan los proyectos de expansión del suministro de agua y saneamiento”.
Ahora bien, para poder atender el enorme rezago en la red de acueductos y alcantarillado sanitario a nivel nacional, así como la actualización de toda la infraestructura obsoleta y propensa a constantes fallas por falta de mantenimiento oportuno, es necesario un operador estatal con alta capacidad de ejecución de obras y contratos millonarios. Solo para el área metropolitana de Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste, el plan maestro del IDAAN estima una inversión de B/. 2,890 millones en los próximos diez años. Posiblemente, una cifra cercana a esta se requiera también para atender el resto del país, así como las áreas insulares y rurales de difícil acceso.
La pregunta es: ¿qué institución del Estado tiene o ha demostrado esa capacidad de ejecución de proyectos o megaobras? Difícilmente, las instituciones estatales responsables del recurso hídrico logran una ejecución superior al 70% de su presupuesto de inversiones, cercano apenas a B/. 200 millones. A ese ritmo, cada año la brecha de acceso a agua potable y alcantarillado sanitario continúa ampliándose. De acuerdo con la CEPAL, los países de la región deben invertir anualmente 1.38% del PIB para atender las necesidades de agua potable y saneamiento. En 2021, Panamá ejecutó apenas 0.31% del PIB, mayormente en el Programa de Saneamiento de Panamá.
En resumen, desconocer los factores antes descritos que impactan nuestra realidad actual en materia de un servicio público de agua y saneamiento esencial para la población y la economía del país es mantener el statu quo, con los mismos resultados decepcionantes de siempre. La solución real y definitiva viene de la mano de una reestructuración completa de la gobernanza del subsector de agua potable y saneamiento, a través de un nuevo proyecto de ley que dé vida a un nuevo operador estatal administrado bajo un régimen de autonomía administrativa y financiera, institucionalidad, eficiencia y sostenibilidad, adoptando y adaptando aquellas normas administrativas y operativas aplicables del Canal de Panamá.
Las decisiones respecto al agua deben estar basadas solo en aspectos socioeconómicos, técnicos y de servicio público, y no en factores políticos o malas prácticas de gobierno corporativo.
El autor es ingeniero electromecánico y miembro de la Iniciativa Ciudadana Pro-Rescate del Agua.
