La figura de la revocatoria de mandato nació junto con la democracia en la antigua Grecia y se aplicaba a todos los gobernantes escogidos por sufragio que actuaban en contra de la voluntad popular.
En Panamá, parte de la desconfianza hacia los sectores políticos se debe, precisamente, a que los elegidos por votación popular se creen intocables una vez reciben sus credenciales para ejercer el cargo.
La visión de muchos candidatos a puestos de elección popular es que esos cargos son premios “ganados en una competencia” en la que invirtieron dinero y esfuerzo, por lo que consideran que dicha inversión debe ser devuelta a sus bolsillos, con intereses incluidos. Las promesas de campaña, en ese esquema, son un simple maquillaje para alcanzar el poder.
La manera en que actúan algunos diputados, con su clásica arrogancia, demuestra que no temen a la voluntad popular una vez alcanzado el puesto, porque saben que la revocatoria de mandato jamás se les aplicará, dado que no existen antecedentes claros de su uso.
Si se cumplen todos los requisitos legales para que un presidente, diputado, alcalde o representante de corregimiento sea procesado y su cargo quede vacante como resultado del ejercicio legítimo de la voluntad popular, el mecanismo debe aplicarse.
Es importante recordar que el Tribunal Electoral es una institución que debe garantizar el buen funcionamiento de la democracia en Panamá, y su función no debe limitarse únicamente a organizar un torneo electoral cada cinco años.
El Tribunal Electoral opera con dinero de todos los contribuyentes, es decir, de la sociedad panameña en su conjunto, y también debe velar porque la falta de credibilidad en el sistema de elección popular sea erradicada mediante acciones efectivas.
El problema radica en que los magistrados del Tribunal Electoral son escogidos por los gobernantes de turno, quienes a su vez responden a partidos políticos cuyos intereses no siempre coinciden con los del resto de la población.
Una significativa cantidad de panameños sentimos desencanto hacia los gobernantes elegidos por sufragio cuando actúan en contra del sentir de las mayorías y se creen intocables, con derecho a disponer de nuestros recursos como les venga en gana.
Esto explica por qué algunos diputados se pliegan fácilmente a los mandatos del Órgano Ejecutivo a cambio de nombramientos y mayor presupuesto, lo que suele traducirse en chantaje legislativo para aprobar determinadas leyes.
Ahora el Tribunal Electoral tiene una nueva oportunidad para “lavar un poco su imagen” y aplicar, conforme a lo estipulado, lo que la ley dicta en materia de revocatoria de mandato.
Esperamos que esta reciente divulgación sobre el inicio de procesos de revocatoria para alcaldes y diputados no se traduzca en otro “show mediático”, del cual ya estamos —como se dice en buen panameño— hasta la coronilla.
El autor es sociólogo y docente.
